Las inspectoras de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, iniciarán en los próximos días una campaña de control del cumplimiento de las normas de comercialización de frutas y hortalizas en el comercio minorista de Baleares.
Hay que recordar que la venta de los productos hortofrutícolas frescos se tiene que ajustar a lo que prevé la norma de comercialización de cada producto. En el caso de frutas y hortalizas que no tienen una norma específica, los productos se tienen que ajustar a la norma de comercialización general establecida en el anexo 1, parte A, del Reglamento de ejecución (UE) 543/2011. Estas normas son de obligado cumplimiento en todas las fases de comercialización.
Además, las frutas y hortalizas que se comercializan al consumidor final o colectividades, también tienen que ajustar su etiquetado a lo que prevé el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y en el Real Decreto 126/2015, que aprueba la norma general de los alimentos que se presentan sin envasar al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en el lugar de venta a petición del comprador, y de los que envasan los titulares del comercio al por menor.
También es aplicable la normativa en lo referente al uso de menciones protegidas por DOP o IGP, así como las menciones referentes a los productos que provienen de la agricultura ecológica.
En este sentido, y en palabras del director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés, "para proteger los intereses legítimos de los productores y evitar la competencia desleal, iniciamos esta campaña de control; un control que consiste en una inspección visual de los productos, para comprobar si cumplen los requisitos mínimos de comercialización, así como un estudio del etiquetado o marcaje de los productos para comprobar que se incluyen todas las menciones obligatorias, con especial atención al origen de los mismos".
Hay que recordar que los incumplimientos detectados pueden suponer sanciones administrativas. En el caso del comercio minorista, hasta 3.000 euros; en el caso de los distribuidores, hasta 15.000 euros o 5 veces el valor del producto; y en el supuesto de que el hecho repercuta a terceras personas a las cuales le suministran el producto, hasta 600.000 euros.
En el año 2022 se realizaron 32 inspecciones en el sector hortofrutícola y se detectaron 69 presuntas infracciones, de las que derivaron 7 expedientes sancionadores. Para este año 2023 se ha previsto superar las 40 inspecciones.
