El próximo miércoles se cumplirá un mes de protestas de los agricultores españoles, cuatro semanas con cortes de carreteras y tractoradas que empiezan a darles fruto, el mayor de ellos el proceso abierto para simplificar la Política Agraria Común (PAC), junto a un plan de 30 medidas del Gobierno.
Los agricultores se echaron a las calles el 6 de febrero, como hacían ya sus colegas de otros países europeos, para denunciar algunas cuestiones que les son comunes a todos ellos, como la burocracia y las exigencias ambientales de la PAC o la competencia de las importaciones de países de fuera de la Unión Europea (UE).
Estos son los aspectos sobre los que, de momento, los profesionales del sector primario han obtenido una mayor respuesta de las autoridades, después de semanas de constantes cortes de carreteras, bloqueos en centros logísticos, masivas tractoradas en las ciudades y algunos actos de reparto y de vuelco de alimentos.
Destacan aquí la propuesta de exención de los controles de condicionalidad de la PAC para las explotaciones de menor tamaño, la voluntariedad del cuaderno digital y la modificación de las normas de buenas prácticas agrarias relativas a la rotación de cultivos y el barbecho, dentro de un paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea (CE).
Los ministros de Agricultura de la UE han reclamado a la CE que complete "rápidamente" estas iniciativas, algunas de las cuales deberán ser objeto de una reforma legislativa acelerada, pero han señalado que "no son suficientes" y le han pedido al organismo que las complete con un paquete de medidas "más ambiciosas".
Los representantes de los Veintisiete también se han mostrado optimistas sobre la posibilidad de poder establecer a futuro "cláusulas espejo" para que los productos importados de países terceros cumplan las mismas exigencias que los comunitarios.
"Tenemos que aprender las lecciones de lo que está ocurriendo", ha expresado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha reconocido que si bien "siempre un nuevo periodo de la PAC supone más dificultades administrativas", la actual es "más compleja".
Negociación con las organizaciones agrarias
Planas ha mantenido ya tres reuniones con las organizaciones agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA -responsables de algunas de las grandes movilizaciones de estos días, pero no de todas- para explicarles estas propuestas junto a otras -hasta 30- que abarcan también las preocupaciones a nivel nacional del sector.
Se incluye aquí el compromiso del Gobierno de crear una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de lay de la cadena alimentaria, para evitar las ventas a pérdidas.
Asaja, COAG y UPA han valorado estos avances pero han advertido de que habrá más movilizaciones si no hay soluciones concretas, y en eso están trabajando junto al Gobierno, en varios grupos técnicos, antes de volver a reunirse, previsiblemente a mitad de la próxima semana.
De momento, estas organizaciones no han anunciado un calendario de movilizaciones para el mes de marzo, pero no son las únicas que se han manifestado en este tiempo.
Las protestas continúan
Los agricultores comenzaron a movilizarse de forma independiente o adheridos a plataformas surgidas en redes sociales, como la denominada 6F, pero también junto a otras organizaciones como Unión de Uniones o Unió de Pagesos que, de momento, no tienen interlocución con el Gobierno.
Las protestas continúan así estos días, con cortes en carreteras, en las fronteras y en centros logísticos en diversos puntos de España.
La movilización no ha sido ajena a la política y, de hecho, un exportavoz de la Plataforma 6F renunció a este cargo por la "politización" que se estaba dando en este grupo, a su entender no de forma orgánica pero sí por la utilización que estaban haciendo desde los medios de comunicación y la esfera política.
Planas también ha criticado que hay "sectores extremistas" que tratan de sacar un provecho político de las manifestaciones legítimas de los agricultores con "intereses espúreos".
La situación del campo ha llegado también al Parlamento y en este último mes se han sucedido las preguntas e interpelaciones al Gobierno sobre sus políticas en este ámbito, y varios grupos han presentado propuestas para mejorar el sector.
