La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, se han reunido con representantes de las organizaciones y colegios profesionales del ámbito de la vivienda, así como de los consells insulares y ayuntamientos, para tratar las principales novedades de las medidas urgentes previstas para facilitar el acceso a la vivienda en las Illes Balears.
El encuentro, celebrado en el Consolat de Mar, ha dado continuidad a la ronda de reuniones mantenida por el equipo de la consejera Vidal con administraciones territoriales y organizaciones del sector de la vivienda para trabajar el primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda, y ha servido para tratar las aportaciones del sector, de cara a su elaboración definitiva y revisión jurídica para su próxima aprobación, mediante un decreto ley, por parte del Consell de Govern.
Tal como ha anunciado la presidenta Prohens este decreto ley tiene como objetivo hacer frente a «la necesidad de oferta de vivienda que hay en nuestras islas y aumentar la oferta a precios accesibles sin consumir territorio, aprovechando mucho de lo que ya tenemos construido en nuestras islas, y hacerlo de la mano de la iniciativa privada, del sector privado».
«En los últimos años, se ha evidenciado que la Administración no tiene que asumir a solas la construcción de nueva vivienda a precios accesibles, sino que hay que apostar también por la colaboración público-privada e implicar al sector privado en las soluciones al problema de la vivienda», ha destacado Prohens, quien ha manifestado que «para este Govern, es una prioridad el impulso decidido y real de un cambio en las políticas de vivienda. Es uno de nuestros compromisos ante un problema que se ha agravado en los últimos años».
Las nuevas medidas tienen como objetivo aumentar la oferta de vivienda a precio accesible en las áreas urbanas de los municipios de las Illes Balears, sin consumir territorio y generando una nueva vivienda que saldrá al mercado con unos precios —tanto de compra como de alquiler— regulados y limitados por la Administración, y no a un precio libre, para facilitar el acceso a la vivienda a familias con rentas medias y jóvenes, según han expuesto la presidenta Prohens y la consejera Marta Vidal.
Para la nueva vivienda de precio limitado, se establecen, entre otros requisitos, que no puede acceder una persona que ya sea propietaria de pleno dominio de otra vivienda, y que la nueva vivienda tiene que constituir su domicilio habitual y permanente.
Cambios de uso, aumento de densidades e incremento de alturas
Entre las principales novedades, el decreto ley habilitará, con carácter temporal, varias actuaciones con este objetivo, como el cambio de uso de locales existentes (comerciales, administrativos, etc.) en edificaciones en parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, para su reconversión en viviendas de precio limitado; o el aumento de las densidades máximas, para crear vivienda de precio limitado, en edificaciones existentes o en parcelas sin edificar con usos residenciales plurifamiliares permitidos.
También se prevé el aumento de la edificabilidad en altura en edificaciones existentes o parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, y el cambio de uso a residencial y de aprovechamiento de terrenos de equipamientos privados y todavía sin desarrollar, en ambos casos para crear nuevas viviendas de precio limitado o viviendas de protección oficial. Además, se habilitará el cambio de uso a residencial de establecimientos turísticos obsoletos o parcelas de uso turístico incompatibles con este uso, para crear vivienda de precio limitado.
Estas actuaciones permitirán generar hasta un máximo de una vivienda por cada 60 m² de superficie edificable residencial de la parcela, en los casos de reconversión de locales y de aumento de las densidades en edificios plurifamiliares, y un máximo de una vivienda por cada 90 m2 de superficie edificable residencial, en el caso de aumento de las densidades en las viviendas unifamiliares entre medianeras de planta baja y dos plantas más, los cuales actualmente no se pueden subdividir.
El crecimiento en altura, bajo unas limitaciones, permitirá hasta una vivienda por cada 60 m² de la superficie construida por la actuación, y en los cambios de uso de terrenos de equipamientos privados y de establecimientos turísticos, hasta una vivienda por cada 60 m² de superficie destinada a uso residencial.
Asimismo, se prevé la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección y de alojamientos dotacionales, una posibilidad ya prevista en la normativa autonómica vigente sobre la cual, con el nuevo decreto, se amplía el plazo máximo de concesión (de 50 a 75 años) del concurso público y se definen las edificabilidades.
Reserva de competencias municipales
Con este decreto, el Govern pone al alcance de los ayuntamientos un conjunto de actuaciones encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda en todos los municipios de las Illes Balears, respetando las competencias municipales, dado que los ayuntamientos, mediante un acuerdo del pleno municipal, podrán limitar de forma parcial o dejar sin efecto las actuaciones previstas en el decreto ley por cualquier circunstancia que se acuerde dentro de su competencia municipal.
Precios limitados
En relación con los precios, se han explicado varios ejemplos de precios de nueva vivienda de precio limitado, de viviendas de 60 m2 y 80m2 con esta regulación, tanto de compra como en régimen de alquiler.
En las diversas franjas de precios, según el municipio y la etiqueta energética de las viviendas, para nuevas viviendas de entre 60 y 80 m² útiles, los precios limitados de compra oscilarían entre los 102.000 € de los tramos de precio más reducidos hasta un máximo de unos 241.000 €.
En el caso del alquiler, en viviendas de 60 y 80 m² útiles, los precios limitados se sitúan entre 385 € en los tramos más bajos hasta un máximo de unos 905 €.
En el caso de compra, un piso nuevo de 60 m² útiles saldría al mercado, en los principales municipios de las islas, a un precio a partir de 147.000 € y hasta 181.000 €, según su etiqueta energética. En otros municipios más pequeños, se reduce a precios de entre 102.000 € y 150.000 €.
Si es una vivienda de 80 m² útiles, el precio de compra en la mayoría de municipios oscilaría entre 197.000 € y unos 241.000 €, según la etiqueta energética. En otros municipios, el precio sería de entre 137.000 € y 201.000 €.
En el caso de los precios de alquiler, un piso de 60 m² útiles, en el grupo mayoritario de municipios, oscilaría entre 555 € y 680 € al mes, según la etiqueta energética. En otros municipios, entre unos 385 € y unos 565 €.
El precio de alquiler de una vivienda nueva de 80 m² útiles sería, en la mayoría de municipios, de entre unos 740 € y unos 905 €. En otros municipios, se reducen a franjas a partir de unos 515 € y hasta unos 755 €.
Cabe precisar que estos serían los precios máximos aproximados aplicando ya la próxima actualización de precios que se prevé aprobar en las próximas semanas. La última actualización de precios es de julio de 2022, incluyendo los precios de HPO y de precio tasado.
En la reunión, junto con la presidenta y la consejera, han participado el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y varios representantes de los consejos insulares, el Ayuntamiento de Palma, la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), las asociaciones y entidades del sector de la vivienda y los colegios profesionales de este ámbito y de las diferentes islas.
Así, han asistido responsables de la Asociación de Constructores de Balears, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de las Illes Balears (PROINBA), la Asociación de Industrias Fabricantes de Materiales de Construcción de las Illes Balears (Construïm) y la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), así como representantes de CAEB y PIMEM. Además, han participado diferentes representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB); del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAAT) de Mallorca, de Menorca y de Eivissa; de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears; del Colegio de Administradores de Fincas de las Illes Balears, y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears.
