Hasta el 7 de noviembre se pueden presentar las solicitudes para acceder a las ayudas anuales ordinarias de alquiler de vivienda que parten con un presupuesto inicial de 716.000 euros.
Sin embargo, esta partida inicial podría incluso incrementarse, si el número de solicitudes que cumplen los requisitos superan la cuantía, ya que el Ajuntament de Calvià trata este tipo de ayudas como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que todas las unidades familiares que cumplen con los requisitos obtienen la ayuda.
La cuantía de la ayuda que se otorga es de hasta un 40% de la renta anual que deba satisfacerse por el alquiler de la vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 3.960 euros anuales (330 euros mensuales) por unidad familiar, y se concede, en caso de cumplir los requisitos, por un plazo máximo de 12 meses, desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.
La renta de la vivienda objeto del contrato será igual o inferior a los 900 euros mensuales. Pueden optar las personas cuyos ingresos de la unidad de convivencia, durante el año 2021, no superaran los 1.700 euros al mes o los 24.318,84 euros anuales.
En el caso de familias numerosas de categoría general o familias monoparentales que no superaran los 32.425,12 euros anuales, y en el caso de las familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad intelectual del 33% o física del 65%, deben haber tenido unos ingresos anuales inferiores a los 40.531,40 euros.
El Ajuntament de Calvià puso en marcha estas ayudas anuales en 2017, y desde entonces la partida presupuestaria se ha incrementado de forma exponencial, multiplicándose casi por 15, pasando de los 50.000 euros de los presupuestos de 2017 a los 716.000 euros el año 2022.
En los años 2020 y 2021 se convocaron, además de las ayudas anuales, las ayudas extraordinarias Covid que contaron con un presupuesto de 400.000 euros, y que iban destinadas a unidades familiares con problemas para poder pagar el alquiler por causas sobrevenidas por la Covid -19 y que se encontraron en situaciones de paro, en un proceso de ERTO, con una reducción de ingresos o con la actividad suspendida, o en situación de ser mujer víctima de violencia de género.
