La existencia de avalista en buena parte de las hipotecas podría estar detrás del reducido impacto de las medidas de alivio, del que ha advertido el Banco de España.
Contenidas en la actualización del código de buenas prácticas bancarias (CBPB), y en vigor desde el 1 de enero, tienen como objetivo aliviar a los hipotecados de la tensión del Euribor, que desde enero a diciembre del año pasado escaló 3,5 puntos porcentuales.
Sin embargo, el CBPB tenía letra pequeña: el código excluye a las hipotecas con aval abocando a un doble tensionamiento: el del titular de la hipoteca y el del que la avala.
En concreto, y para aplicar las medidas de alivio, el código establece que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, como el aval personal de algún familiar. En este caso, dicha garantía ejerce un efecto perverso al impedir la concesión de una medida pensada para aliviar de manera coyuntural el impacto de la subida del Euribor, en una hipoteca concreta.
Como sucedió con la moratoria regulada por el Gobierno, en plena irrupción de la pandemia por Covid-19, hace tres años, buena parte de los potenciales beneficiarios de estas medidas están quedando sin solución.
Las entidades financieras, que al evaluar la solvencia del hipotecado le exigieron un aval porque no tenía ingresos suficientes, ahora se escudan en el mismo para impedir que se les aplique el CBPB.
“No podemos admitir que precisamente estas familias, que han sido avaladas porque el propio banco consideró que no tenían suficientes ingresos, ahora se vean excluidas del código de buenas prácticas. Nos están llegando cada vez más casos que podrían asumir la
hipoteca con alguna de las medidas pero que el banco les dice que tendrá que ser su aval el que arrime el hombro. El Gobierno tiene que revisar el código o no llegará a las familias que más lo necesitan.” explica Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.
Por otro lado, desde Asufin aseguran que "nos preocupan muchísimo las consideraciones del Banco de España en cuanto a que el acceso a estas medidas implica una menor calidad crediticia de los deudores, de forma que verán limitado la concesión de nuevo crédito. No podemos permitir que esta parte de los hipotecados vea obstaculizado su acceso al canal convencional (y supervisado) del crédito y se exponga a vías mucho más peligrosas de prestamistas o productos inadecuados, como créditos fáciles y rápidos".
La crisis financiera anterior, de la primera década de siglo, tuvo como consecuencia una evaluación de la solvencia más rigurosa. Sin embargo, la exigencia de un aval ya indica que el prestatario podría tener dificultades para asumir el préstamo hipotecario en un cambio
de ciclo como el que estamos viviendo actualmente.
