El Govern balear ha advertido este viernes que muy probablemente habrá más sentencias de indemnizaciones urbanísticas millonarias por culpa de los gobiernos socialistas de Francesc Antich y Francina Armengol después del caso de Muleta II, que supone un coste para los "ciudadanos" de Baleares de casi 100 millones de euros.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo balear, Toni Costa, ha calificado de "mazazo sin precedentes" para las arcas públicas la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Govern a pagar 96 millones de euros al empresario alemán Matthias Kühn por la desclasificación del carácter urbano de unos terrenos en la zona de Muleta del Puerto de Sóller.
La sala tercera del alto tribunal ha avalado la sentencia dictada en enero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en favor del promotor inmobiliario al considerar que el ejecutivo autonómico de Francesc Antich vulneró en el año 2008, al aprobar la 'ley Carbonero', sus derechos al impedirle por ley construir una urbanización en tierras de su propiedad.
Costa ha lamentado que las decisiones políticas de los gobiernos autonómicos socialistas con la intención de proteger suelo rústico de Baleares ha supuesto el pago por ahora de 400 millones de euros a la comunidad autónoma, a los que ahora hay que sumar ahora 96 más por el proyecto de Muleta II.
Con esos 400 millones, ha advertido Costa, se podría pagar el sueldo de un año a 2.000 enfermeras o 2.000 profesores.
En su opinión, este modo de proceder de los gobiernos socialistas suponer "malversación de dinero público, el dinero de los ciudadanos de Baleares", ha apostillado.
Costa ha argumentado que el Govern del PP de José Ramón Bauzá (2011-2015) modificó la 'ley Carbonero' para evitar el pago de indemnizaciones urbanística por valor de 900 millones de euros, pero quedó sin efecto con la ley de urbanismo de 2017 del Ejecutivo de Francina Armengol.
Para afrontar el pago de la sentencia de Muleta II, el Govern de Marga Prohens aprobará una ley de crédito extraordinario.
En ningún caso, este descuadre de los presupuestos autonómicos de 2024 supondrá un recorte de los servicios públicos fundamentales que reciben los ciudadanos, a pesar de la "irresponsabilidad de la izquierda", ha lamentado Costa. EFE
