La Sala Tercera del Tribunal Supremo ya ha dictado Sentencia en el recurso de casación que había interpuesto la Comunidad Autónoma de las Illes Balears contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 31 de enero de 2022, a favor de una empresa del empresario Matthias Kühn. Esta sentencia procedía del recurso presentado por el promotor inmobiliario contra la desclasificación en 2009 de la urbanización de Muleta II en el Puerto de Soller que fue acordada por el ejecutivo autonómico entonces presidido por el socialista Francesc Antich.
La Sentencia, de fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJ de las Illes Balears que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, un total de mas de 96 millones de euros.
La Sentencia repasa la larguísima tramitación judicial de este conflicto, que se inicia en 2010 y finaliza ahora 14 años después. El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento de 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, aprobando un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de estos terrenos.
La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de las Islas Baleares, durante la etapa del Gobierno de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al PGOU de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria.
La Sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el Auto transaccional de 23 de julio de 2013.
El auto ahora confirmado obliga a pagar la indemnización en el plazo de 2 meses, imponiendo además las costas del incidente a la Comunidad Autónoma de las Iles Balears, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.
