A pesar que las pymes representan el 99% del tejido industrial de España y de Balears sólo consiguen hacerse con una cuarta parte de los contratos que adjudica la administración pública.
Es en este sentido que PIMEM pide y, según la ley de 2018, que la administración cree lotes más pequeños que, aun dando más trabajo, son más justos. La Federación cree que de momento la idea de facilitar al máximo el acceso de pymes y autónomos no ha calado y se debe seguir trabajando.
Y es que así lo revela la primera estadística pública estatal que clasifica los adjudicatarios de los contratos públicos por el tamaño de empresa. Dicha estadística deja constancia que de los cerca de 17.000 millones de euros que contrató el Estado durante el segundo semestre de 2023 sólo 5.000 millones fueron gestionados por pymes.
PIMEM atribuye esta discriminación a que las pymes no están suficientemente representadas desde hace años en la contratación pública ya que asegura “es un pastel pensado para favorecer a las grandes empresas y dificultar el acceso a pymes y autónomos”.
El presidente de la patronal, Jordi Mora, recuerda que “la UE pide que las pymes tengan el mismo peso en la contratación pública que el que tienen en la economía real y productiva”.
La patronal mallorquina reconoce que el Gobierno central ha introducido cambios regulatorios a través de la Ley de Transparencia para fomentar la participación de las pymes.
Aun así, asegura PIMEM, “sabemos y, según las publicaciones del mismo ministerio, que los cambios hechos no han servido para restablecer el equilibrio entre grandes y pequeñas y medianas”.
PIMEM mantiene que los dos principales motivos que perjudican la contratación de pymes siguen siendo los de siempre; los técnicos y los económicos. Para Mora “son dos criterios que en la mayoría de ocasiones son muy difíciles de cumplir por parte de pequeñas empresas por lo que urge cambiar y empezar a ver cuanto antes resultados a lo largo de este 2024”.
