La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) ha mantenido una reunión con la Delegación del Gobierno, en un encuentro que el presidente de ADOPUMA, Onofre Fornés, ha calificado de "cordial", al mismo tiempo que ha reconocido una "positiva predisposición" de la Delegación en abordar la actual problemática que afecta al sector, especialmente en relación con la tramitación de las licitaciones municipales, que requieren una previa la autorización de instalaciones temporales de establecimientos de chiringuitos, hamacas y sombrillas en diversas zonas de Mallorca, así como en el otorgamiento de las concesiones de obras.
En este encuentro, por parte de la Delegación del Gobierno han estado presentes el delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, el secretario general, Ramon Morey, y la Jefa de la Demarcación de Costas, Almudena Domínguez. Y por parte de ADOPUMA, su presidente, Onofre Fornés, así como los miembros de la directiva, Jaume Perelló y Agustí Cerveró, como asesor jurídico.
Según ADOPUMA, una "conclusión clave" de la reunión ha sido la posibilidad de "proponer y aprobar, en colaboración con las distintas administraciones (FELIB, Conselleria del Mar y Delegación del Gobierno), un protocolo de actuaciones administrativas".
Este protocolo, afirman, supondría una distinción clara de los procedimientos para autorizaciones temporales por un máximo de 4 años y concesiones, brindando una estructura clara y ágil para su tramitación.
Y es que, durante la reunión, desde ADOPUMA expresaron su preocupación por el impacto negativo que están padeciendo en su sector por el mal funcionamiento de las Administraciones en el proceso de autorizaciones temporales en playas y litorales, señalando, entre otras cuestiones, las largas demoras en la resolución de solicitudes y, en su caso, en las concesiones de obras.
Desde la Delegación del Gobierno se confirmó que, a partir del 1 de julio de 2023, las 'autorizaciones' de hasta 4 años son otorgadas directamente por la Conselleria de la Mar del Govern de les Illes Balears, mientras que las 'concesiones' requieren un informe previo de la Demarcación de Costas o del Ministerio.
En este sentido, reconocieron que la Demarcación de Costas se enfrenta a limitaciones de recursos técnicos para agilizar los informes o certificados necesarios para el Registro de la Propiedad. Actualmente, hay aproximadamente 300 expedientes de concesión pendientes, y algunos ya han sido remitidos a la Conselleria de la Mar en dos tramos, anunciando a este respecto que está previsto el envío de unos 80 expedientes adicionales esta misma semana.
Por último, ADOPUMA ha subrayado la importancia de solicitar al Ministerio información sobre la tramitación de casos específicos, como el deslinde de ses Casetes des Capellans de Muro, cuya caducidad se registró el 19 de febrero de 2023 y no se sabe cuándo se reiniciará su tramitación, ya que el actual es del año 1961.
