La Conselleria de Movilidad y Vivienda ha presentado el proyecto de decreto para la regulación de la actividad inmobiliaria, con el fin de evitar la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal, después de una reunión previa con los agentes inmobiliarios para cerrar el texto.
El proyecto de decreto establece que todos los agentes inmobiliarios tendrán que presentar una declaración responsable para poder ejercer en Baleares, en la que manifestarán que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que disponen de la documentación que lo acredita y que se comprometen a su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad, han detallado en una rueda de prensa.
Si esta declaración responsable obligatoria no se presenta o no cumple con las exigencias legales, la Conselleria le abrirá al agente en cuestión un expediente disciplinario por intrusismo, oferta ilegal y competencia desleal que supondrá una sanción.
La normativa también regula la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria para cubrir los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad, con un capital mínimo de 100.000 euros por siniestro y 600.000 euros por año.
Además se creará un "Registro de Agentes Inmobiliarios de las Islas Baleares", un registro voluntario que conllevara un distintivo para los inscritos, y que tendrá como requisito que la persona registrada tenga la cualificación suficiente y necesaria para ejercer la profesión, lo que será una garantía para los consumidores.
Para poder inscribirse en el registro será obligatorio contar con una titulación universitaria en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura; una formación no universitaria de al menos 200 horas lectivas relacionadas con servicios de mediación, asesoramiento y gestión, o tener experiencia demostrable en la prestación de servicios inmobiliarios de un mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
El proyecto de decreto empieza ahora el plazo de alegaciones, tras la presentación de las bases del texto, y se prevé que esté aprobado en enero de 2023.
El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha explicado que esta normativa no impide que un propietario pueda vender un inmueble por cuenta propia, pero permite que la persona que elija contratar servicios inmobiliarios sepa que esos servicios están debidamente regulados.
Con esto se persigue que el consumidor pueda contar con una mayor seguridad jurídica y con garantías de que está acudiendo a profesionales cualificados, así como aportar valor a la actividad inmobiliaria de Baleares.
Durante la rueda de prensa, la directora general de Vivienda y Arquitectura, Cristina Ballester, ha comentado que el Govern no puede dar datos concretos sobre intrusismo porque como hasta ahora el sector no estaba regulado, no es algo que hayan podido cuantificar, pero les consta que es importante por las quejas del sector.
La presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Ibiza (PIMEEF), Mila González, ha destacado que este texto es un paso importante "pese a que es mejorable", refiriéndose a su demanda sobre que el registro sea obligatorio y no voluntario, algo que Ballester ha explicado que es imposible porque el ordenamiento jurídico no lo permite.
Por su parte, el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), Hans Lenz, ha recordado que el sector inmobiliario es clave para la economía balear, ya que supone el 20 % del PIB del archipiélago.
