El Govern balear reclama al Gobierno del Estado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta Bilateral Estado- Islas Baleares, que ha sido postergada dos veces por el ministerio de Hacienda.
El conseller de Presidencia, Marc Pons, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, han exigido hoy que el Gobierno del Estado cumpla sus compromisos con las Islas Baleares para acabar con la situación de injusticia que sufre la comunidad en cuanto a la financiación de inversiones ya acordadas.
Concretamente, se demandará al Estado, si éste no fija de manera inmediata una reunión, para conseguir el pago del montante cercano a los 400 millones de euros en concepto de inversiones estatutarias no abonadas, del pago pendiente de inversiones para la Playa de Palma, de infraestructuras ferroviarias, y del convenio de carreteras.
Además, los servicios jurídicos del Govern están valorando otros incumplimientos de cara a su reclamación ante la justicia.
“Pedimos al Partido Popular de las Islas que se ponga del lado de la ciudadanía balear y que exija a Mariano Rajoy el cumplimiento sus compromisos", ha reclamado Marc Pons, quien denuncia el “maltrato” que sufren las Baleares, especialmente si se compara el trato que reciben con la situación de las Islas Canarias.
Precisamente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, firmó ayer un compromiso con Canarias mediante el cual se pone fin al Impuesto General de Empresas, situación que revertirá en 160 millones de euros más para el archipiélago canario.
Frente esta situación, el Govern mantiene que las Baleares sufren una infra-financiación que dificulta la gestión de cualquier política pública. Esta carencia de financiación es debida de no sólo al incumplimiento de los compromisos relativos a inversiones por parte de Madrid, sino también a incumplimientos como la no revisión del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, la reducción progresiva de la inversión territorialitzada vía presupuestos, la negativa a negociar el Régimen Especial Balear que tendría que compensar los costes de insularidad, y la negativa a flexibilizar los límites de déficit para 2016.
