El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamiento de los vehículos con conductor (VTC), lo que ha puesto fin a las protestas y movilizaciones previstas por las organizaciones nacionales de taxistas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que con este reglamento se consigue "reforzar la seguridad jurídica" en la prestación de servicios de transporte de viajeros en vehículos turismos.
En adelante, esta actividad de los VTC queda sujeta a la obtención de una autorización administrativa y establece tanto los requisitos para obtener la autorización como las condiciones para el ejercicio de esa actividad.
Estas modificaciones prevén un régimen transitorio respecto de las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la aprobación del nuevo reglamento, ha indicado Fomento en una nota informativa.
Las organizaciones nacionales de taxistas (FEDETAXI, CTE y UNALT) han comunicado que con este Real Decreto se consigue "poner fin a dos años de inseguridad jurídica" en el sector y "limitar el acceso de operadores ilegales" a la prestación de este servicio.
Los taxistas han explicado que con estas modificaciones introducidas por el Gobierno se reponen otros requisitos para el acceso a esta actividad de arriendo con conductor, como la posibilidad de establecer distintivos exteriores para los VTC.
A partir de ahora, los servicios de los VTC deberán ser siempre precontratados y no podrán circular vacíos a la búsqueda de clientes o situarse en paradas sin la contratación previa del servicio.
Las autorizaciones para la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor serán otorgadas por las Comunidades Autónomas, ha asegurado Fomento, y habilitarán para desarrollar la actividad de forma habitual en su territorio, sin perjuicio de que se puedan prestar los servicios fuera de la misma con determinados límites.
FEDETAXI, CTE y UNALT han añadido en una nota que ha quedado resuelto uno de los "puntos de mayor fricción" entre Gobierno y taxistas, ya que con esta nueva regulación los VTC están obligados a tener una base de operaciones en el municipio en que se encuentre domiciliada la empresa.
De esta forma, estos vehículos pueden ser localizados, excepto que justifiquen que se encuentran prestando un servicio previa contratación.
Fomento ha explicado que los precios de estos servicios no estarán a partir de ahora sujetos a tarifas administrativas, sin perjuicio de que las empresas que los presten deberán tener a disposición del público información sobre los que apliquen en su actividad.
Los taxistas entienden que, con este "paquete de medidas", el servicio público de taxi "queda reforzado" frente a sus usuarios.
Han puntualizado que con este Real Decreto tanto Fomento como las comunidades autónomas han integrado en sus planes de Inspección de Transportes medidas de control y sanción.
Las organizaciones nacionales de taxistas han suspendido la convocatoria de movilizaciones y paros previstos para el próximo día 30.
