La persecución a la vulneración la normativa urbanística en suelo rústico ha dado un giro radical en los últimos años en Mallorca y la Agendia de Defensa del Territorio ha tenido un papel decisivo en ello.
Los datos que ha presentado la propia agencia son claros. Solo en 2020 se han ejecutado 102 demoliciones, la cifra más elevada después de la del 2019, que fueron 124. El 2018 se llevaron a cabo 97.
La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, ha explicado que «antes era una gran carencia de la disciplina urbanística, puesto que se imponían sanciones, y a pesar de que también se ordenaban demoliciones, finalmente no se ejecutaba ninguna. Actualmente, la ciudadanía sabe que esto ya no pasa».
Garcías ha recordado durante los seis primeros años del ADT, desde el 2009 hasta el 2015, solo se habían ejecutado 19 demoliciones, mientras que en los últimos cuatro años se han ejecutado 404.
De estas 404, 377 (un 93%) se han podido acoger a las reducciones del 80% y el 90% de la sanción que establece la ley, porque han sido ejecutadas por los propietarios dentro del plazo voluntario para hacerlo.
En cuanto a la distribución de demoliciones ejecutadas por municipios, siguen destacando las ejecutadas en municipios que se adhirieron a la Agencia desde su creación, ahora hace doce años: Algaida (68), Marratxí (42), Montuïri (23) ocupan el podio de ilegalidades.
«Son los municipios donde la Agencia ha tramitado una cantidad más elevada de expedientes, puesto que hace mucho más tiempos que forman parte del ADT», ha explicado Garcías.
La consellera también ha comentado que esta acción de la Agencia afecta igualmente los municipios que se han adherido a la Agencia dentro de los últimos años: Felanitx (26), Pollença (17), Artà (17), Selva (17), Andraitx (15), Mancor (13), Capdepera (10), Búger (10).
En relación con el año 2020, los municipios con una mayor incidencia de demoliciones ejecutadas durante el año pasado son: Algaida (11), Artà (10), Montuïri (9), Marratxí (8), Pollença (6) y Búger (5).
Quien ha cometido las obras ilegales se ve obligado por la ADT a presentar ante el Ayuntamiento un proyecto, en caso de que las obras se puedan legalizar, y, si no es posible, tienen que presentar un proyecto de demolición.
Esto genera ingresos nuevos en el Ayuntamiento por el impuesto de construcción y las tasas que implica la presentación del proyecto, el que ha generado que la suma de los municipios de Mallorca haya tengut unos ingresos que ascienden aproximadamente a un millón y medio de euros.
Durante los dos primeros años de la Agencia de Defensa del Territorio (2009 y 2010), había seis municipios adheridos. Durante el 2011, 2012, 2013 y el 2014 no se produjo ninguna incorporación. Entre el 2015 y el 2019, se incorporaron al ADT veintiún municipios, lo cual supuso llegar a la cifra total de veintisiete. La consejera ha destacado que año tras año «que se consolida la actividad de este organismo para proteger la legalidad urbanística dentro del suelo rústico. Un trabajo de defensa de nuestro territorio reconocida por los ayuntamientos y que beneficia en toda Mallorca».
La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha incremento el presupuesto previsto por este año, en relación con el del 2020. Este organismo pasa de disponer de 2.257.265 euros durante el año pasado a tener una previsión presupuestaria que asciende a los 2.267.162 euros, hecho que significa un incremento del 0,4%.
