A la reunión telemática, celebrada este lunes, estaban convocados responsables de los 13 municipios incluidos en el convenio, empresas, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones ambientales, centros de estudios y otros agentes representativos de la sociedad civil, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.
Han asistido la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, el vicepresidente y consellerde Transición Energética y Sectores Productivos del Govern, Juan Pedro Yllanes, y el presidente de Municipios en Transición – ACOM en representación de la FEMP.
La reunión forma parte del protocolo para elaborar el "Convenio de Transición Justa de Alcúdia", tal como acordaron el pasado marzo los gobiernos de España y de Balears y la FEMP, que recoge el compromiso de las tres administraciones de trabajar juntas.
El objetivo del encuentro es abrir vías de comunicación y colaboración que permitan identificar las mejores actuaciones para anticipar un plan de futuro para los 13 municipios cuando cierre Es Murterar.
La zona de transición justa de Alcudia, afectada por el cierre de la central térmica de carbón de Es Murterar, ha sido incluida recientemente en el "Fondo de Transición Justa Europeo" del que recibirá 17,3 millones, el 2% del total de los fondos que han correspondido a España.
Se trata de un nuevo mecanismo de ayuda de la UE que tiene como objetivo prestar apoyo a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición de energía y clima.
Este fondo lo gestionará el Govern, en coordinación con el Instituto para la Transición Justa (ITJ), para generar nuevas actividades económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en las zonas afectadas por la transición energética y a la recualificación e inserción en el mercado laboral de trabajadores y población afectada.
Aagesen ha defendido el compromiso del Gobierno con la "transición justa" y con medidas "para proteger a la población trabajadora afectada por los cierres recientes de las centrales térmicas de carbón" y para acompañar y apoyar el futuro de los territorios cuyas economías locales han dependido estrechamente de estas actividades.
Hasta ahora se han puesto en marcha quince convenios de "transición justa" que abarcan 197 municipios de ocho comunidades autónomas, ha informado Aagesen.
Yllanes ha asegurado que "Mallorca no puede quedarse atrás en la transición energética, y debe abordar esa transición de una forma socialmente justa". Según el vicepresidente, el convenio para Alcúdia "debe servir como oportunidad para impulsar nuevos sectores productivos, por tanto, es vital que tenga el mayor consenso y las mejores propuestas".
Ha descrito la zona de Alcúdia como "un importante polo económico y laboral" durante décadas, con lo que "la llegada de fondos destinados a asegurar que se produzca una transición justa, inclusiva y participativa es esencial no solo para la zona, sino también para toda Balears".
Ha abogado por diversificar el tejido económico de la zona "hacia nuevos sectores que ofrezcan empleos estables y de calidad".
El Instituto para la Transición Justa (ITJ) canalizará las aportaciones de las administraciones autonómica y local, a los agentes sociales y la sociedad civil que serán la base del Convenio de TJ de Alcúdia. Las iniciativas serán analizadas en términos de generación y diversificación de actividad económica y empleo y de su sostenibilidad ambiental.
El ITJ ayudará a identificar las líneas de financiación más apropiadas para llevarlas a cabo con medios propios o a través de fondos europeos.
Ya ha recogido iniciativas para recuperación de espacios naturales, la reconversión de la antigua central térmica y el desarrollo de un proyecto fotovoltaico; aunque con esta reunión de trabajo se espera ampliar las contribuciones y propuestas locales.
El ITJ ha informado sobre instrumentos como el programa cultural Dinamiz-ARTj y las próximas líneas de ayudas para apoyar a las empresas y los pequeños proyectos de inversión que generen empleos o mantengan los existentes. Además, la política energética del Gobierno da prioridad a las zonas de Transición Justa a la hora de participar en los nuevos proyectos de energías renovables y les da puntuación extra.
Están abiertas convocatorias de ayudas para proyectos de redes de calor y frío mayores de 1MW, por 200 millones, y para proyectos singulares de instalaciones de biogás con 150 millones. Próximamente están previstas la convocatoria de ayudas para la repotenciación eólica, las centrales de mini-hidráulica y para el reciclaje de palas por 150 millones, y de proyectos piloto y plataformas de ensayo de renovables marina, con 200 millones.
A estos fondos se suman 300 millones del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" para políticas de transición justa.EFE
