La nueva normativa para el registro de la jornada de trabajo, así como su aplicación práctica, implicaciones y responsabilidades, ha centrado la sesión informativa celebrada este martes en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB).
La jornada, introducida por el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán, ha contado con la participación de Yolanda Robledo, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Balears, y de Javier Sola, socio del despacho jurídico Cuatrecasas y abogado laboralista.
La directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Balears ha destacado que “el registro de la jornada es una herramienta para la detección del foco de fraude en las horas extraordinarias no declaradas”, remarcando que “es un medio, no un fin en sí mismo”. Yolanda Robledo, ha explicado, además, que “debe ser la negociación colectiva la que establezca cómo realizar el registro del control horario de las personas trabajadoras”.
El experto jurídico del despacho Cuatrecasas ha señalado que “se trata de una norma que genera incertidumbre e inseguridad jurídica a las empresas”. Javier Sola ha señalado que “la obligación del registro diario de la jornada ordinaria plantea un doble reto: por un lado jurídico, en cuanto al deber de consultar y negociar con los trabajadores, de garantizar el registro, de su conservación durante 4 años y de ponerlo a disposición, y, por otro, un reto de negocio, que debe permitir mejorar la productividad sin renunciar a la flexibilidad”.
La jornada forma parte de las actuaciones de carácter informativo desarrolladas por CAEB desde antes de la entrada en vigor de la nueva norma y el interés por la sesión ha quedado patente en la gran afluencia de público en la sala y el seguimiento por streaming facilitado por Global4.
Cabe destacar que desde el 12 de mayo de 2019 todas las empresas, sea cual sea su tamaño y actividad, deben realizar el registro obligatorio de la jornada de trabajo que fija el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El incumplimiento de dicha obligación se entenderá infracción grave y se sancionará con una multa de hasta 6.250 euros.
