Asimismo, ha indicado que esta norma, «además de reducir las emisiones contaminantes y dar respuesta a las necesidades de los formenteranos, irá acompañada de una ayuda directa de 350.000 € para reforzar la red de transporte público de la isla y ofrecer alternativas al transporte privado».
Esta iniciativa legislativa responde a una demanda unánime de las instituciones y entidades sociales de Formentera, que se formalizó con la petición del Consell formenterano, aprobada por unanimidad en el Pleno del 20 de diciembre de 2017.
El objetivo de esta ley es ofrecer herramientas a la institución insular para solucionar los problemas de congestión de vehículos que sufre durante los meses de verano. La norma tendrá la fuerza de una ley autonómica, pero deja en manos del Consell Insular la facultad de decidir las medidas concretas que se aplicarán.
El Anteproyecto de ley declara la necesidad de adoptar medidas específicas para velar por la sostenibilidad ambiental y económica de Formentera. Por este motivo, faculta al Consell para adoptar, en el periodo temporal que considere oportuno, medidas como limitar la entrada y la circulación de vehículos en la isla según criterios medioambientales ostablecer un número máximo de vehículos de alquiler.
Además se quiere potenciar el uso de vehículos eléctricos y no contaminantes tanto en el sector público como en el privado.
Con respecto a la restricción del desembarque y la circulación de vehículos a motor en un periodo determinado, prevé incluir excepciones, como los vehículos de los residentes, los vehículos para personas con movilidad reducida, los vehículos de servicio público, los tractores o los vehículos de transporte de bienes y mercancías, entre otros. Los vehículos que estén autorizados tendrán que llevar un distintivo obligatorio. Asimismo, el Consell podrá determinar un límite de vehículos en circulación y se podrá establecer un sistema de reserva previa para autorizar la entrada de vehículos en la isla.
.
En relación con los vehículos de alquiler, el Consell podrá fijar el número máximo de vehículos que podrán entrar en la isla y circular por ella. Además, la ley incluirá medidas como la obligación de los parques móviles oficiales de sustituir progresivamente la flota por vehículos eléctricos o no contaminantes. También faculta al Consell para limitar temporalmente los vehículos a motor en espacios con valores naturales, patrimoniales o paisajísticos.
Además, prevé medidas de fomento de la sostenibilidad, con la creación de un programa de actuaciones que tendrá una vigencia mínima de dos años. Por otra parte, el Consell deberá elaborar una memoria anual para evaluar los resultados. También se impulsarán medidas como ayudas públicas, fomento de la movilidad no motorizada y ampliación de la red de puntos de carga eléctrica.
