Setenta y cinco de los 82 controladores aéreos de Baleares acusados por los sucesos de diciembre de 2010 han accedido a pactar una pena de abandono del servicio y una indemnización, como ya se ha hecho en Madrid, mientras que los siete restantes irán a juicio oral, que comenzará el 3 de diciembre.
Esta mañana se ha celebrado una vista en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que tenía por objeto fijar una fecha de comienzo del juicio oral a los 82 controladores acusados, además de sondear a las partes, para ver cuántos de ellos estarían conformes con pactar una pena de abandono del servicio y pagar una indemnización.
Según fuentes jurídicas cercanas al proceso, la diferencia con Madrid es que, en la capital, se ha llegado al pacto a instancias del Ministerio Fiscal, en tanto que el problema que había en Palma era que la Fiscalía no quería seguir la misma fórmula.
En la vista, se ha fijado que, primero, los días de entre el 8 y el 11 de octubre, van a pasar todos los controladores encausados por la Audiencia Provincial de Palma, incluidos los que no están de acuerdo con pactar y los que lo van a hacer.
Todos pasarán por turnos de ocho para mostrar su conformidad con los hechos y pactar la pena por abandono del servicio, distinguiendo entre los que fueron inductores y los que fueron meramente seguidores de los directivos de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el sindicato mayoritario del colectivo.
Además asistirán los siete controladores que no están dispuestos a pactar y, posteriormente, el juicio propiamente dicho -tras la retirada de los 75-, comenzará en la semana del 3 de diciembre, para continuar los días 4, 5, 10, 11, 12 y 13 y, luego, del 17 al 21 del mismo mes.
USCA ha pagado ya 15 millones de euros de indemnización que cubren tanto a los perjudicados en Madrid como en Palma, algo que ha hecho que, precisamente, muchos de ellos retiren su acusación y, por tanto, no ejerciten ninguna acción penal ni civil contra los controladores.
La idea del tribunal balear era, dado que el Ministerio Fiscal de Palma no ha impulsado un acuerdo similar al de Madrid, celebrar la vista de hoy no sólo para fijar la fecha, sino para ver quiénes eventualmente podían pactar esta pena de abandono del servicio. Por ello, finalmente, la solución, aunque siguiendo cauces distintos, es la misma en Madrid que en Baleares.
En la capital han pasado por las oficinas del Ministerio Fiscal 119 de los 133 encausado y, en Baleares, pasarán por la Audiencia Provincial de Palma, estos 75, para evitar el impacto operativo al servicio.
En Madrid hay catorce controladores que todavía no han accedido al acuerdo y en Baleares, los citados siete, pero cualquiera de ellos puede adherirse aún al pacto antes de que se inicie el juicio oral, tanto en la capital -donde todavía no hay fecha para su celebración-, como en Baleares (que será el 3 de diciembre de 2018).
