La Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha propuesto eliminar la carga fiscal del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las operaciones vinculadas a las Viviendas de Precio Limitado (VPL) con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias residentes en las islas.
La propuesta, impulsada a instancias de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), se ha presentado en forma de enmienda de adición al Decreto Ley 8/2025 de Aceleración de Proyectos Estratégicos (UAPE). La iniciativa plantea que el tipo impositivo del IAJD, actualmente fijado en el 1,5%, se reduzca al 0% en todas las operaciones relacionadas con este tipo de vivienda protegida.
Según el sector, la medida permitiría equiparar fiscalmente las Viviendas de Precio Limitado con las Viviendas de Protección Oficial, que ya están exentas de este impuesto. Para los compradores —principalmente jóvenes y familias con más de cinco años de residencia en Baleares— el ahorro en la escritura de compraventa podría situarse entre 3.000 y 6.000 euros.
Además de abaratar la adquisición, la iniciativa busca incentivar a los promotores privados para priorizar el desarrollo de vivienda asequible en un contexto marcado por la emergencia habitacional que vive el archipiélago.
La enmienda contempla dos opciones técnicas para aplicar la rebaja fiscal: una bonificación del 100% o el establecimiento de un tipo específico del 0%. En ambos casos, el beneficio se aplicaría en tres fases del proceso inmobiliario.
En primer lugar, en la adquisición de suelo destinado exclusivamente a la construcción de viviendas de precio limitado, así como en los préstamos hipotecarios asociados a estas operaciones.
En segundo lugar, durante la gestión y construcción, afectando a las escrituras públicas vinculadas a contratos o actos relacionados con la promoción de edificios bajo este régimen de vivienda.
Finalmente, también se aplicaría en la primera transmisión de las viviendas y en las hipotecas destinadas a su compra por parte de los compradores que cumplan los requisitos establecidos para este tipo de vivienda protegida.
La propuesta incorpora mecanismos para asegurar que el incentivo fiscal se traduzca en nuevas viviendas en el mercado. Entre ellos, se establece que la bonificación quedará sin efecto si no se obtiene la licencia de obra en un plazo de tres años —cuatro en el caso de terrenos— desde la aplicación del beneficio.
Asimismo, las viviendas deberán estar registradas en la Dirección General de Vivienda y cumplir con los límites oficiales de precio, superficie y condiciones legales fijados para las Viviendas de Precio Limitado.
El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB y de PROINBA, Óscar Carreras, ha recordado que la carga impositiva sobre la vivienda representa actualmente alrededor del 23% del coste final que asume el comprador.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de reducir también el IVA que grava la vivienda, una competencia estatal, que a su juicio debería situarse en el 4% o incluso por debajo.
Según Carreras, la propuesta presentada pretende que el Govern utilice sus competencias fiscales para equiparar el tratamiento de las viviendas de precio limitado —una figura propia del mercado balear— al de la vivienda protegida tradicional y, al mismo tiempo, incentivar a los promotores privados para impulsar este modelo de vivienda asequible en las islas.
