El Consell de Govern ha aprobado este viernes que todos los contratos del sector público relacionados con productos agrícolas o alimentarios deberán incluir, como mínimo, un 10% de producto local y un 10% de producto con certificación ecológica. Los artículos que cumplan ambas condiciones computarán de forma doble.
Con esta decisión, el Ejecutivo balear pretende fomentar el consumo de producto de proximidad y de origen ecológico, en línea con criterios de sostenibilidad, reducción del impacto ambiental, eficiencia en la cadena alimentaria y lucha contra el cambio climático.
Hasta ahora, el acuerdo vigente de 2022 establecía un 16% de alimentos ecológicos y/o de temporada, pero la normativa resultaba de difícil aplicación al centrarse en contratos de suministro, cuando la mayoría son de servicios, y además no distinguía entre producción local y de fuera del territorio.
El cambio se ha incorporado a través de una modificación de la Ley agraria incluida en la Ley de simplificación administrativa, lo que garantiza que todas las licitaciones de la Administración autonómica contemplen estos porcentajes mínimos.
Asimismo, las nuevas directrices fijan que se otorgará mayor puntuación a las empresas que superen estos mínimos en sus ofertas. Para asegurar el cumplimiento, las adjudicatarias deberán entregar una memoria detallada y facturas que acrediten los porcentajes de producto local y ecológico adquiridos.
