El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva la ley "crea y crece", que pretende simplificar los trámites para crear sociedades y vigilar los plazos de pago a proveedores.
El Congreso ha avalado con 340 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, la mayor parte de los cambios introducidos por el Senado, propuestos por varios grupos y de carácter técnico, que fueron aprobados en la Cámara Alta sin oposición.
La ley introduce elementos como la reducción del mínimo de capital social exigido -de 3.000 euros a 1 euro-, no dar subvenciones a las firmas morosas y la creación de un observatorio de la morosidad que vigilará los plazos de pago.
Sin embargo, finalmente la ley no incluirá un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos legales de pago, como habían exigido varios grupos.
La diputada socialista María Tamara Raya ha mostrado su confianza en que la ley permitirá crear "un tejido productivo más dinámico, más eficaz y más fuerte"; mientras que el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha celebrado que "desburocratiza la creación y crecimiento de empresa y crea instrumentos que les permitan sobrevivir".
También el diputado del PP Miguel Ángel Castellón ha mostrado su apoyo a la ley, "a pesar de esa sensación de oportunidad perdida" para hacer crecer el tamaño medio de las empresas españolas y reducir su mortalidad.
Desde ERC, el diputado Joan Capdevila ha celebrado que la nueva y "buena" ley ayudará a combatir la morosidad, aunque ha lamentado "que de nuevo los grandes partidos del bipartidismo hayan hecho pinza para evitar la aprobación de un régimen sancionador".
"Sigue siendo insuficiente", ha criticado la diputada de Ciudadanos María Muñoz, que, aunque ha asegurado compartir el "espíritu" de la ley, ha lamentado que no podrá cumplir su objetivo, sobre todo porque "el crecimiento de las empresas solo aparece en el título".
Solo Vox ha subido a la tribuna para criticar, en palabras de su diputada Inés Cañizares, que la ley es solo "marketing" y no resuelve los problemas de las empresas al enfrentarse a la burocracia y las barreras administrativas.
Al término de la sesión, el presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha considerado que ésta es "una de las leyes más importantes que se han aprobado últimamente para la economía y para la situación que estamos viviendo".
Esta norma, ha dicho, obligará a que "todo aquel que tenga dinero público cumpla con la ley de morosidad. Va a salvar muchas empresas y puestos de trabajo".
No obstante, ha lamentado que queden fuera del marco de actuación de la norma las transacciones comerciales en el ámbito privado, para lo que sería necesario aprobar un régimen sancionador.
