El sector de la construcción de Baleares estalla contra las últimas medidas urbanísticas adoptadas por el Govern. En una rueda de prensa celebrada bajo el paraguas de CAEB, las diferentes patronales relacionadas con la construcción han asegurado literalmente que esta nueva normativa les impide construir vivienda asequible y, es más, va a provocar un incremento del precio de la vivienda además de fomentar la especulación.
Para escenificar estas críticas han comparecido ante los medios Carmen Planas, presidenta de CAEB, Óscar Carreras, presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, Fanny Alba, presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares y vicepresidenta de CAEB y Luis Martín, presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA).
Carmen Planas ha explicado que el sector se siente ignorado por el Govern y no entiende por que las medidas adoptadas hasta el momento incluyendo el último paquete aprobado en diciembre no se han incluido para su discusión en la mesa del diálogo social. Planas ha solicitado a todos los partidos políticos que reconsideren su posición respecto a estas medidas y ha tildado el decreto del Govern de electoralista.
Luis Martín ha ido un poco más lejos asegurando que "estas medidas suponen un ataque frontal a la vivienda asequible en Baleares, representa más inseguridad jurídica y fomenta el urbanismo a la carta además de invadir competencias municipales". Martín ha indicado que las nuevas medidas del Govern "implican la retirada de suelo para construir 20.000 viviendas".
Los constructores estiman que sería necesario edificar unas 7.000 viviendas al año cuando actualmente apenas se llegan a las 3.000. Esto provoca que se tensione el mercado de viviendas de segunda mano e indirectamente el del alquiler con subidas de precios. Además denuncian que la actual regulación legal en urbanismo es una jungla con 14 modificaciones de gran calado en solo una legislatura. Hecho que provoca el desquiciamiento de los funcionarios y técnicos. En este sentido también se quejan que la media para el otorgamiento de una licencia de obras supera los 16 meses cuando tendrían que ser solo 3 meses.
Más inseguridad jurídica, descenso de actividad y pérdida de empleo
Este decreto se suma a medidas y modificaciones reiteradas de normativa que “solo provocan un aumento de la inseguridad jurídica. Esto causará un descenso de la actividad que se verá traducido en una reducción de las plantillas, pérdida de empleo en un sector estratégico como motor económico para las islas y del que dependen 58.000 familias en el Archipiélago y representa más del 25% del PIB de Baleares”, recuerda el presidente de PROINBA.
En números, la presidenta de la Asociación de Constructores, Fanny Alba, recuerda que Baleares tiene, con diferencia, la mayor tasa de esfuerzo para la compra de vivienda en España: 16,4 años de su sueldo (media en España 7,6 años; Madrid 8,7 años; Cataluña 8,5 años), según un estudio de Sociedad de Tasación.
Desde 2015 el precio de la vivienda se ha disparado un 68% y la población balear tiene que dedicar un 53% de su renta media a pagar la hipoteca, la cifra más alta de España (30,7% de media). Los datos de 2022 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca muestran que el año pasado se visaron 2.292 nuevas viviendas en la Isla, lo que supone un descenso del 20,9% respecto a 2021. Es incluso una cifra inferior a la del año 2020, justo en los peores meses de la pandemia.
El precio de la vivienda libre en Baleares en noviembre del 2022 alcanzó los 3.123 euros/m2. Es la cifra más alta de todo el Estado y supone el doble que la media nacional, según datos del Consejo General del Notariado de España.
El precio de la vivienda en alquiler en las Islas subió un 14,5% durante 2022 situándose entre os más altos de España con 13,8 euros/m2, según el informe anubla de Idealista. En Baleares hay 7.317 familias a la espera de una vivienda social, mientras que solo 460 jóvenes han recibido la ayuda de alquiler de 250 €/mes destinada a menores de 35 años (el alquiler debe ser inferior a 900 € y el sueldo a 24.300 €).
Los mallorquines consideran que el acceso a la vivienda es su principal problema. Casi el 90 por ciento de los encuestados está insatisfecho con la actual política de vivienda, según el CIS diciembre 2022.
