La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha dado un nuevo paso en su plan de choque para ampliar la oferta de alquiler asequible en la ciudad. El Consistorio ha aprobado una adenda a los contratos de cesión de superficie adjudicados a la empresa Locare Arpo 2D, S.L., responsable de levantar y gestionar 166 viviendas de precio limitado en los solares municipales de Camp Redó y Son Ferragut.
El documento introduce un mayor control económico sobre la explotación de estas promociones y establece que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria, sin posibilidad de trasladarlo a los inquilinos. De igual modo, la compañía deberá justificar de forma detallada ante el Ayuntamiento todos los gastos de mantenimiento y servicios comunes que repercuta en los arrendatarios.
La medida implica que, antes del inicio de la explotación, la promotora tendrá que entregar un presupuesto anual de gastos generales, asignados en función de la superficie de cada vivienda. Además, al cierre del primer ejercicio deberá presentar un informe con ingresos y documentación justificativa. A partir del segundo año, el Ayuntamiento podrá solicitar esta información de manera periódica para supervisar la correcta aplicación de los contratos.
Con este mecanismo, el Consistorio busca blindar la transparencia y ofrecer garantías adicionales a los futuros inquilinos, en un momento en que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos sociales y económicos de Palma.
Estas 166 viviendas forman parte de la primera fase del plan de choque municipal, que contempla la construcción de hasta 2.000 nuevos pisos. La segunda fase ya está en marcha, con el cambio de uso residencial de siete solares municipales que permitirán levantar alrededor de 1.000 viviendas más en los próximos años.
