Los impuestos, tasas y cargas públicas que gravan la vivienda nueva en España suponen más de un 26% adicional sobre el precio de referencia de la vivienda, una carga fiscal que supone una "barrera insostenible" para quien quiere comprar su primera casa, según denuncia la patronal de promotores Asprima.
Como ejemplo, señala que un comprador que adquiere una vivienda tipo de 300.000 euros soporta más de 78.000 euros en costes fiscales acumulados desde la adquisición del suelo hasta la firma de la escritura, según un informe elaborado por EY para los promotores de Madrid. Estos más de 78.000 euros provienen de tres fases diferenciadas.
En la fase de adquisición del suelo, el promotor soporta tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), que se incorporan al coste de la promoción y terminan repercutiendo en el precio final.
Durante la fase de construcción, se añaden impuestos y tasas que incluyen el ICIO, la tasa por licencia urbanística, los Actos Jurídicos Documentados (AJD) asociados a determinadas operaciones, la Licencia de Primera Ocupación, otras tasas municipales, el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) durante la promoción y el IAE (impuesto sobre actividades económicas)
En la fase final de venta, el comprador asume directamente 32.250 euros en impuestos que incluyen el IVA y los AJD de la escritura de compraventa, agrega el estudio.
El resto de los costes fiscales, que incluyen el Impuesto sobre Sociedades (IS), la plusvalía municipal y los impuestos de fases anteriores, quedan integrados directa o indirectamente en el precio de venta.
Según la presidenta de Asprima, Carolina Roca, la carga fiscal sobre la vivienda nueva se ha convertido en una barrera insostenible para quien quiere comprar su primera casa.
"El comprador asume una carga fiscal enorme, sin ser consciente de que una porción muy significativa de lo que paga no es el valor de la vivienda, sino la acumulación de tributos a lo largo de todo el proceso", subraya.
El informe concluye que esta acumulación de cargas fiscales contribuye de forma significativa al encarecimiento estructural de la vivienda nueva y dificulta el acceso a la compra, especialmente para los jóvenes.
