Las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Govern para facilitar el acceso a la vivienda han entrado en vigor este domingo tras la publicación de la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos.
Se trata de una normativa que amplía las bonificaciones en la compra de vivienda habitual y crea incentivos para mantener alquileres asequibles, han recordado desde el ejecutivo balear.
Entre las principales novedades figura el aumento del precio máximo de la vivienda que permite acceder a las bonificaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP).
El nuevo límite se sitúa en 331.859,70 euros en Mallorca y Menorca, frente a los 307.089 euros fijados este año en Mallorca.
Los jóvenes menores de 30 años y las personas con discapacidad mantienen una bonificación del 100% del impuesto en la compra de su primera vivienda habitual, mientras que los menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo continúan beneficiándose de una rebaja del 50 %.
La normativa incorpora además una bonificación del 100% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) para menores de 30 años y personas con discapacidad igual o superior al 33%, así como un tipo reducido del 0,5% para jóvenes menores de 36 años y otros colectivos beneficiarios. A
Además, se establece una bonificación del 50% en el ITP y el IAJD para la adquisición de viviendas de precio limitado con el objetivo de impulsar esta modalidad residencial.
Según datos del Govern, desde julio de 2023 más de 5.000 jóvenes y familias se han beneficiado de las bonificaciones en la compra de vivienda, con un ahorro conjunto superior a 67 millones de euros.
El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendidó que las medidas permitirán adaptar los beneficios fiscales a la evolución de los precios del mercado inmobiliario.
La ley también crea una nueva deducción autonómica en el IRPF para pequeños propietarios que mantengan congelado el precio del alquiler o no lo incrementen por encima del IPC al renovar contratos.
La deducción será del 50% del rendimiento neto obtenido, con un máximo de 800 euros anuales por vivienda y de 2.000 euros por contribuyente, y podrá aplicarse a partir de la declaración de la renta correspondiente a 2026.
