El Govern de les Illes Balears defenderá ante el Estado la deducción aprobada para evitar que las ayudas directas concedidas a los autónomos afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno central ha remitido un requerimiento en el que plantea que esta medida, incluida en el Decreto Ley 1/2026 y convalidada por una amplia mayoría del Parlament, podría incurrir en una posible inconstitucionalidad al generar competencia fiscal y económica entre territorios.
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha rechazado estos argumentos y ha asegurado que resulta “impensable” que la deducción provoque una competencia entre comunidades autónomas.
Según Costa, las ayudas están dirigidas a sectores con una fuerte implantación en Baleares, como el primario, el transporte terrestre, la industria, la construcción y el comercio, por lo que considera que no existe riesgo de deslocalización de empresas o actividades económicas.
“Por unas ayudas limitadas a actividades implantadas en 2026 y una deducción autonómica restringida también al ejercicio fiscal de 2026, no es razonable prever desplazamientos de factores productivos, empresas o negocios peninsulares hacia las Illes Balears”, ha señalado.
El vicepresidente ha defendido además la medida como una compensación extraordinaria ante el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantendrá su posición frente al Gobierno de España.
“Ante la asfixia fiscal y los ataques constantes del Gobierno de España contra los autónomos de nuestra tierra, el Govern de les Illes Balears los defenderá hasta las últimas consecuencias”, ha afirmado Costa.
