El Govern de les Illes Balears ha querido escenificar que su “plan de choque” en materia de vivienda ya está consolidado. Ante la Mesa de l’Habitatge —formada por administraciones, colegios profesionales, patronales, sindicatos y entidades sociales— el conseller José Luis Mateo expuso que hay más de 5.000 viviendas asequibles en planificación y que el nuevo marco legal servirá para acelerar la producción de suelo y viviendas en los próximos años.
Sin embargo, la mayoría de esas promociones todavía no han pasado del papel. De los 5.060 inmuebles anunciados, buena parte se apoyan en leyes recién aprobadas o en programas que aún deben rodar, como “Construir per llogar” o “Lloguer segur”. Solo 54 viviendas han llegado realmente al mercado en condiciones de alquiler reducido.
El Ejecutivo insiste en que el 100% de las promociones están reservadas para residentes con al menos cinco años en las islas, una medida con la que busca blindar el acceso frente a la presión de la demanda exterior. Aun así, el desafío principal sigue siendo la velocidad de ejecución: los plazos administrativos, la disponibilidad de suelo y la colaboración con los ayuntamientos son factores que marcarán si este plan se convierte en ladrillos y realidades.
Las cifras que maneja el Govern son ambiciosas. Habla de 2.300 viviendas ligadas a la “ley de emergencia”, que se apoyan en medidas como la reconversión de locales comerciales en pisos o la finalización de edificios inacabados. Añade 2.400 más previstas en el programa “Construir per llogar”, a través de cesiones de suelo público a la iniciativa privada.
A ello se suman unas 900 de promociones de IBAVI ya en marcha, que el Ejecutivo promete agilizar gracias a la nueva Ley 4/2025. Finalmente, más de 1.100 viviendas adicionales deberían surgir de la compra mediante tanteo y retracto y de la creación de alojamientos dotacionales.
El Govern asegura que con los llamados “proyectos residenciales estratégicos” se podrá desbloquear suelo en municipios de más de 10.000 habitantes, obligando a que el 50% de la edificabilidad sea de régimen protegido y garantizando un 15% para los consistorios.
