El Ministerio de Vivienda va a reactivar en marzo la reforma para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que responde a la reivindicación de numerosas comunidades de reforzar la seguridad jurídica en materia de ordenación y urbanismo, y cuya tramitación decayó en la anterior legislatura.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, llevará el texto al Consejo de Ministros en las próximas semanas para iniciar su curso legislativo en el Congreso, donde confía en contar con un apoyo mayoritario entre los grupos parlamentarios.
El plan otorgará la "tranquilidad y seguridad que necesitan los planeamientos urbanísticos con el fin de atender la necesidad de vivienda en nuestro país", ha avanzado Rodríguez.
El órgano del Ejecutivo ya aprobó en diciembre de 2022 el anteproyecto de ley para llevar a cabo la modificación, pero el instrumento no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.
Vivienda, un departamento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado esta legislatura, catorce años después de su desaparición, subraya que la iniciativa permitirá fomentar un desarrollo urbano "sostenible, integrado e inclusivo".
Demanda de estabilidad
Quince comunidades autónomas firmaron en 2022 un manifiesto en el que solicitaban medidas urgentes para reforzar los instrumentos legales con los que cuentan para gestionar la ordenación urbana.
Esas administraciones advierten sobre las reiteradas declaraciones de nulidad del planteamiento territorial y urbanístico que se han declarado en sede judicial en los últimos años a causa de defectos formales y sostienen que la normativa actual es "insegura y frágil".
Las comunidades han notado un aumento exponencial de las impugnaciones basadas en elementos formales, sin relación con los objetivos de la planificación ni elementos estructurales, que en su opinión podrían resolverse con procedimientos sencillos.
La jurisprudencia, sin embargo, sostiene que la nulidad del planeamiento territorial o urbanístico no admite subsanación ni conservación de trámites, por lo que cada proceso exige comenzar de nuevo la tramitación desde el principio.
"Es muy habitual y, lamentablemente, cada vez más frecuente que, tras años de tramitación, la omisión de algún requisito procedimental fácilmente subsanable ponga fin a años de esfuerzo colectivo", señalan las administraciones que firmaron un manifiesto por la "seguridad jurídica del planteamiento territorial y urbanístico".
"Esta circunstancia implica un inaceptable derroche de recursos públicos y supone un fuerte desincentivo a las administraciones locales, que muchas veces perciben la aprobación de planeamiento como una carrera de obstáculos sin meta a la vista", agregan.
Reforma del régimen jurídico
El contexto de alta litigiosidad de los últimos años ha conducido a la anulación de planes de ordenación urbana de ciudades como Vigo, Santander, Castellón de la Plana y Santa Cruz de Tenerife, según recoge un informe del bufete de abogados Garrigues.
El anteproyecto de ley del Gobierno, según expresa el propio texto, busca conjugar principios como la proporcionalidad y la eficacia en la actuación de las administraciones públicas con la "protección de los intereses sociales, económicos y medioambientales".
Entre otros mecanismos, propone medidas que gradúan los posibles defectos invalidantes de los planes de ordenación, con el objetivo de "evitar anulaciones desproporcionadas", y reconoce la posibilidad de una "nulidad parcial".
La modificación prevé además que la nulidad de pleno derecho por errores procedimentales solo pueda ser declarada en los supuestos que considera más graves.
Esos casos son la omisión del trámite de evaluación ambiental; la omisión del trámite de información pública y participación; la omisión de informes cuando la subsanación del defecto sea especialmente compleja por su influencia en el resultado global del plan, así como la falta de memoria que justifique las decisiones adoptadas en el plan de ordenación.
