La problemática de la vivienda es cada vez más preocupante en nuestra comunidad. Es uno de los principales retos que tiene Daniel Arenas, nuevo presidente de ABINI, quien afronta este mandato con unos objetivos muy marcados como son el registro de inmobiliarias, fomentar la formación en el sector y la colaboración público-privada.
-¿Cuáles son los objetivos que tiene previstos en su mandato?
-Uno de ellos es seguir luchando por conseguir que sea obligatorio el registro de agencias inmobiliarias para lograr un mayor profesionalismo en el sector. Conseguimos el primer paso, que consistió en crear el registro y que de momento es voluntario, pero creemos que es necesario que sea obligatorio. Esa es una de las primeras ramas.
La segunda es seguir ofreciendo cursos de formación para nuestros asociados, con el fin de que estén actualizados con las nuevas normativas que puedan surgir y recordar un poco cómo funciona nuestro sector, cuáles son los requisitos necesarios y qué información deben conocer sobre las propiedades y el mercado.
Por último, fomentar más la colaboración entre agencias que están dentro de ABINI para poder encontrar las casas que están buscando nuestros clientes. Si no las tenemos nosotros, colaborar con otras agencias de nuestra asociación.
-Ha comentado que el registro de agencias que ustedes defienden en un principio era obligatorio y ahora es voluntario. ¿Qué nos puede decir sobre esta modificación?
-Bueno, al principio fue un golpe duro porque pensábamos que se había aprobado por mayoría absoluta y que sería un trámite, pero desde el Gobierno central se denegó. Estamos intentando buscar la fórmula o el formato por el cual se pueda hacer que sea obligatorio. Seguimos negociando con las administraciones para ver cómo lograrlo.
Hay comunidades, como Cataluña, que lo tienen obligatorio desde hace 15 años. Desde Madrid nos dicen que no puede ser obligatorio porque no hay un marco que nos regule como grupo profesional. En eso estamos: hemos tenido reuniones con la conselleria y volvemos a tener otra la semana que viene con todas las agencias, para intentar encontrar una fórmula que funcione para todos.
“Estamos intentando buscar la fórmula para que el registro de agentes inmobiliarios sea obligatorio”
-¿Cómo ha iniciado su sector estos primeros meses de 2025?
-Tras el COVID hubo una bajada, sobre todo a finales de 2023 y en el primer semestre de 2024, donde se experimentó una caída en el interés de los clientes. Sin embargo, en 2024 volvió a repuntar con mayor interés y más ventas. A principios de este año 2025 seguimos con la misma tendencia del segundo semestre de 2024. A partir de primavera es cuando normalmente tenemos más clientes. Veremos si toda esta situación relacionada con los aranceles de Estados Unidos afecta a la economía en general y, por tanto, también a nosotros.
-¿En cuanto a nacionalidades, ha habido cambios sustanciales?
-Más o menos lo mismo. Es verdad que algunas agencias han notado algo más de interés por parte de nacionalidades como la polaca, quizá por la cercanía a Rusia y el miedo a estar tan cerca del conflicto. Algunos de nuestros asociados han expresado su preocupación, ya que tienen bastantes clientes de este país.
-Hemos visto recientemente que se ha producido el pacto PP-Vox que conllevará la construcción de 20.000 viviendas. ¿Qué consecuencias cree que traerá esto?
-Espero que se consigan poner más viviendas en el mercado inmobiliario, lo cual es muy necesario, también en la modalidad de vivienda asequible. Ya sea a través de la fórmula de vivienda de protección oficial o vivienda de precio limitado para residentes, con el fin de que puedan acceder a una vivienda digna, especialmente en el núcleo de Palma, donde más se necesita.
En otros municipios de las islas también se verán afectados, porque al centrarse en el mercado muchas propiedades de obra nueva, las propiedades de segunda mano no rehabilitadas y con precios excesivos en zonas de Palma tendrán que adaptarse. Si se sacan viviendas nuevas a 250.000 o 300.000 euros, y hay otras por ese mismo precio pero a reformar, el consumidor optará por la vivienda nueva. Por tanto, las viviendas de segunda mano tendrán que bajar el precio.
-Han sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores como culpables de la dificultad de acceso a la vivienda. ¿Se sienten criminalizados?
-Creo que es una minoría la que actúa de esta forma y vandaliza nuestras oficinas. Entendemos la frustración de la gente ante la falta de vivienda, pero no que se nos señale como los culpables. Nosotros no pactamos los precios de venta, simplemente actuamos como intermediarios entre una persona que quiere comprar y otra que quiere vender. El precio lo pactan ambas partes.
Las inmobiliarias advertimos a los propietarios de que los precios están elevados, e intentamos que bajen un poco, pero también es lícito que el propietario o promotor quiera obtener el precio que considera justo por su vivienda.
"Nosotros no pactamos los precios de venta, simplemente actuamos como intermediarios entre una persona que quiere comprar y otra que quiere vender"
-¿Qué medidas propone desde ABINI para regular el alquiler vacacional?
-Creo que tiene que haber más control. Si bien existe una obligatoriedad para tener licencia, no sirve si hay gente que sigue alquilando sin ella. Por eso, las administraciones deben actuar con mayor esfuerzo y control, imponiendo multas si es necesario contra la oferta ilegal. Así, esas viviendas podrían incorporarse al mercado de venta o de alquiler de larga duración.
-¿Cree positivas iniciativas como el 'lloguer segur' o el cambio de uso de locales a viviendas?
-Sí, creo bastante en el cambio de uso de locales a viviendas, aunque es más bien residual; no creo que haya tantos locales susceptibles de ese cambio. Lo que sí me parece muy interesante es el programa 'lloguer segur'. Se calcula que hay unas 100.000 viviendas vacías en Palma, y si una gran parte de ellas se alquila con la garantía del Govern Balear, que asegura el pago del alquiler, y además el inquilino puede acceder a una vivienda un 30% más barata que el precio de mercado, se genera una situación beneficiosa para ambas partes.
El propietario tiene garantía de cobro y el inquilino accede a un precio más asequible. Al incrementarse el parque de viviendas en alquiler, también aumentará la oferta y, por tanto, los precios tenderán a bajar.
-Se ha hablado de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
-No tiene ningún sentido. España forma parte de la Unión Europea, que permite la libre circulación de capitales y personas. Esto no solo afecta a ciudadanos comunitarios, sino también a los extracomunitarios, bajo el marco común europeo. Es lo mismo que venga a comprar una vivienda un alemán que un madrileño. Estamos bajo las mismas normas.
Además, como hemos dicho otras veces, el sector inmobiliario, promotor y constructor supone el 25 % del PIB balear. Limitar el acceso de extranjeros al mercado tendría un impacto económico insostenible. Las cuentas del Govern no cuadrarían.
-¿Cuál cree que es el origen de la escasez de suelo?
-La falta de regulación durante muchos años por parte de las distintas administraciones. No se ha creado suelo suficiente para construir viviendas nuevas. A esto se suma la lentitud en los procesos de licencias y urbanización. Se tarda años en urbanizar y luego más años en conseguir una licencia. Si una licencia tarda dos o tres meses, es muy diferente a que tarde dos, tres o hasta cinco años. Eso encarece inevitablemente el producto final.
-Cree que el blindaje de 90.000 plazas de alquiler turístico que ha habido recientemente repercutirá en el sector inmobiliario?
-No lo sé, la verdad. Al final, son viviendas que ya estaban en el mercado del alquiler vacacional y seguirán en la misma situación. Las que tienen licencia ya la tenían y no cambiarán. El problema no son estas 90.000 plazas, sino las que se están alquilando sin licencia. No creo que esto influya demasiado.
