La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía europea y Baleares es uno de los territorios donde esta problemática se manifiesta con mayor intensidad. Así lo constata el último informe de CaixaBank Research, que apunta a un fuerte desajuste entre la creación de nuevos hogares y la oferta disponible, unido a la escasez de parque público y a una creciente presión sobre los precios.
A la luz de este análisis, la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) considera que el estudio confirma con datos una realidad que el sector viene denunciando desde hace años: en Baleares se crean más hogares que viviendas, mientras la inseguridad normativa y la elevada carga fiscal frenan la inversión y la generación de nueva oferta.
El presidente de ABINI, Daniel Arenas, señala que “el informe pone cifras a lo que ya vivimos en las islas: el parque de vivienda social es claramente insuficiente y la presión fiscal sobre la vivienda se sitúa entre las más altas de Europa, lo que termina trasladándose a los precios finales”.
Intervención sin oferta
Desde la asociación se insiste en que la política de intervención en el mercado del alquiler aplicada en los últimos años “ha creado una maraña legislativa que desincentiva la oferta”. Según Arenas, la falta de seguridad jurídica ha provocado una derivación masiva hacia el alquiler de temporada y ha paralizado proyectos concebidos específicamente para el alquiler residencial.
“Sin nueva oferta, cualquier medida intervencionista solo consigue tensionar aún más el mercado”, advierte. ABINI lamenta además la falta de coordinación entre administraciones y denuncia que la vivienda se haya convertido en un elemento de confrontación política, generando contradicciones normativas y bloqueos institucionales que retrasan soluciones urgentes.
Baleares, en el punto de mira
El informe también subraya la escasez de vivienda social en España en comparación con otros países europeos. En este contexto, ABINI recuerda que cerca del 30% del coste de construcción corresponde a impuestos y tasas, mientras no se activan de forma efectiva suelos públicos ni se materializan los grandes anuncios de vivienda a gran escala.
En Baleares, la presión demográfica y la limitación estructural de suelo agravan todavía más la situación. “Si se mantiene una estrategia basada únicamente en la intervención, sin facilitar vivienda dirigida al residente, el problema seguirá creciendo”, alerta Arenas.
ABINI reclama un giro en la política de vivienda apoyado en tres pilares: seguridad jurídica estable, colaboración real entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y activación de suelo público con una mayor agilidad administrativa.
“Los precios no se corrigen solo con límites; se corrigen aumentando la oferta, reduciendo trabas y garantizando estabilidad normativa”, concluye Arenas. La asociación reitera su disposición a colaborar con las administraciones para impulsar soluciones estructurales que permitan ampliar el parque de vivienda asequible y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía balear.
