El Ministerio de Hacienda prevé incorporar el "impuesto de solidaridad" a las grandes fortunas a la proposición de ley que crea un gravamen temporal para banca y energéticas, con el objetivo de que entre en vigor este año y pueda cobrarse en 2023 referido al patrimonio de 2022.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha inaugurado este jueves el XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, donde ha avanzado que "probablemente" el impuesto de solidaridad y la limitación de compensación de pérdidas de filiales en grupos empresariales se incluirán en la proposición de ley.
Esto agilizaría la tramitación de las medidas, ya que si se incorporan como enmiendas a la proposición de ley -que se encuentra precisamente en periodo de enmiendas en el Congreso- no tendrían que comenzar el proceso desde el inicio.
La fecha de entrada en vigor de la medida es importante, ya que Hacienda prevé empezar a cobrar el impuesto a las grandes fortunas en 2023, referente al patrimonio de 2022, lo que exige que esté aprobado antes de final de año.
El nuevo impuesto a las grandes fortunas, temporal y deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, afectará a las fortunas de más de tres millones de euros, unos 23.000 contribuyentes, según Hacienda.
Gascón también ha avanzado que en "unas semanas" se aprobará un nuevo decreto ley de medidas para aliviar la subida de los precios, que incluirá medidas fiscales, y ha apuntado que la evaluación de la ley de lucha contra el fraude que se cerrará este trimestre servirá para impulsar cambios "en la próxima legislatura".
INSPECTORES Y HACIENDA CONFRONTAN SOBRE LAS NUEVAS OPOSICIONES
El presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Julio Ransés Pérez Boga, ha aprovechado su intervención para cargar contra el nuevo sistema de acceso a la profesión, que en su opinión "va en contra de la calidad".
Ha asegurado que las nuevas oposiciones son "muchísimo más sencillas" y esto hará que los inspectores "no tengan los conocimientos necesarios para desarrollar con éxito" la profesión.
Ante estas críticas, Gascón ha defendido la necesidad de estar "abiertos a posibles cambios" en el sistema de acceso, como siempre ha ocurrido, "pero dentro de una continuidad" y ha instado a evitar "dar mensajes que desconcierten" a los opositores y que puedan "echar a perder su esfuerzo".
Asimismo, el secretario de Estado ha recordado que la plantilla de la Agencia Tributaria tiene "una media de edad muy elevada" y se necesita una "cantera" de opositores para cubrir las vacantes.
LOS INSPECTORES PIDEN CENTRALIZAR LA RECAUDACIÓN
El congreso de inspectores de este año está dedicado a la reforma de la administración tributaria, que para Pérez Boga debería incluir la centralización de la recaudación de todas las administraciones, incluidas las autonómicas, en torno a la Agencia Tributaria.
El presidente de la asociación también ha reclamado un "cuerpo de policía fiscal" que facilite el cumplimiento de las labores de control, una petición a la que el inspector José María Peláez ha añadido "poner límites" a las competencias autonómicas.
Para el abogado fiscalista Esaú Alarcón la mejora de la relación entre el contribuyente y la Agencia pasa por resolver varios problemas, entre ellos que algunas comunicaciones son "incomprensibles" para el ciudadano de a pie o la brecha digital.
"Con todos nuestros defectos", ha puntualizado la directora del departamento de Gestión Tributaria, Rosa María Prieto, "la voluntad es clara y permanente de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones".
Así, ha apuntado que trabaja en tres proyectos, para simplificar la presentación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, mejorar la usabilidad del programa Renta Web y mejorar la aplicación de cita previa y asistencia integral.
Además, ha defendido que "la brecha digital en renta está perfectamente eliminada" con la asistencia presencial y telefónica, por lo que "sería volver atrás" una vuelta a la declaración en papel.
