La modificación de la Ley General Tributaria y la norma relativa a la publicación de las sentencias sobre fraude siguen con su tramitación parlamentaria tras superar su paso por comisión en el Senado, donde se han rechazado las cuatro propuestas de veto con críticas por la oposición.
Ambas leyes serán ahora debatidas y votadas, previsiblemente, en el pleno de la Cámara Alta del próximo martes 1 de septiembre.
Los objetivos del Ejecutivo con la reforma de la ley son potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias.
Asimismo, la publicación de las sentencias no será completa, sino de alcance proporcionado, únicamente en aquellos aspectos que son estrictamente necesarios.
Así, se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, a fecha de 31 de julio de 2015, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas.
Los afectados tendrán un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación de la lista y Hacienda podrá rectificar el listado antes de la publicación definitiva.
En la sesión en comisión de hoy han sido debatidos de forma conjunta, tanto la modificación de la Ley General Tributaria, como la ley de la publicidad de las sentencias.
Los vetos, en ambos casos, fueron presentados por el PSOE, CidU, ICV y PSC, estos dos últimos dentro del grupo de Entesa.
La senadora del PSOE Ángeles Marra ha asegurado que la modificación de la ley tributaria no cumple con las finalidades para las que se ha diseñado.
A su juicio, con ella aumentará la inseguridad jurídica, crecerán los niveles de litigiosidad y hará más ineficaz la gestión de los tributos.
Además, ha reiterado la crítica socialista al hecho de que el Gobierno no quiera publicar los nombres de las personas acogidas a la amnistía fiscal.
El senador del PSC José Montilla ha asegurado que la ley de las sentencias está "descafeinada" respecto a las pretensiones iniciales del Ejecutivo y ha añadido que es una "chapuza" en línea con la amnistía fiscal.
Asimismo, ha destacado que se pierde una oportunidad para regular otros comportamientos defraudatorios como los cometidos contra la Seguridad Social o por el uso indebido de subvenciones públicas.
Ferrán Bel, de CidU, ha dado por defendido el veto y ha emplazado al pleno de la próxima semana para exponer los motivos de su petición de devolución de ambas normas.
Dentro del grupo Mixto, la senadora de Podemos Isabel Mora ha dicho que la ley sobre las sentencias sólo pretende "vender humo" con vistas a las elecciones, ya que a su juicio, es "puro maquillaje".
Mora ha afirmado que la ley no lucha contra los grandes defraudadores, "algunos relacionados con el poder político", y ha recalcado que supone una "tomadura de pelo" a la ciudadanía.
La senadora del PP Mar Angulo ha defendido las dos leyes y ha incidido en que la política fiscal del Gobierno ha sido un instrumento "poderoso" en la salida de la crisis, "tras la quiebra técnica y el colapso que dejó el PSOE".
