R.E.M.
19 de marzo de 2025, 15:07
Los senadores del Partido Popular (PP) de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han unido fuerzas para exigir al Gobierno una dotación presupuestaria urgente que garantice el pago de las bonificaciones al transporte aéreo de los residentes en estos territorios.
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La falta de previsión y una gestión improvisada han generado incertidumbre en las aerolíneas, que advierten de posibles consecuencias si no se resuelve esta situación a tiempo. La ausencia de un sistema de financiación estable y ágil está provocando retrasos en los pagos a las compañías, que alertan sobre el riesgo de ajustes en la oferta de vuelos y un encarecimiento de los billetes si el Gobierno no cumple con sus compromisos.
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Esta situación podría perjudicar gravemente a los ciudadanos de estos territorios, que dependen de estas conexiones para su movilidad. Ante la incertidumbre, los senadores han presentado una batería de preguntas al Gobierno para que explique qué medidas adoptará para garantizar la estabilidad de las bonificaciones y evitar cualquier impacto en la conectividad aérea.
Además, llevarán a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible una moción exigiendo una solución urgente y estructural que garantice el mantenimiento del sistema sin depender de improvisaciones ni ajustes de última hora. El transporte aéreo es esencial para estos territorios y el Gobierno debe actuar con responsabilidad antes de que se genere una crisis que afecte a los ciudadanos. Los senadores exigen soluciones inmediatas y un compromiso firme con la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha alertado sobre el riesgo de cancelación o reducción de rutas entre Canarias y la Península debido a una deuda del Gobierno de 810 millones de euros por el impago de subvenciones del 75% del precio de los billetes para residentes, afectando también a Baleares, Ceuta y Melilla. La deuda podría alcanzar los 1.500 millones de euros este año por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Transportes ha minimizado la preocupación, afirmando que la deuda es de 300 millones y es un problema administrativo puntual, asegurando que las bonificaciones están garantizadas. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre las aerolíneas y los residentes de estos territorios, que temen por la continuidad de sus conexiones aéreas esenciales.
