La conectividad aérea de Baleares está en riesgo debido al impago por parte del Gobierno de las subvenciones al transporte de residentes, lo que ha generado una deuda multimillonaria con las aerolíneas. A enero de 2025, el Estado adeuda 810 millones de euros a las compañías que operan rutas entre las islas y la península, una cifra que podría dispararse a 1.500 millones si no se toman medidas urgentes.
Las aerolíneas, que adelantan el descuento del 75% en los billetes subvencionados, han denunciado que esta situación pone en peligro la sostenibilidad financiera de las rutas, lo que podría derivar en una reducción de frecuencias e incluso en la suspensión de algunos trayectos.
El origen del problema radica en una asignación presupuestaria insuficiente. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se destinaron 560,81 millones de euros a estas subvenciones, una cifra que se ha demostrado claramente insuficiente ante el aumento de la demanda. Aunque el Gobierno intentó paliar la situación con 170 millones adicionales, la deuda sigue creciendo y aún quedan cientos de millones pendientes de pago.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha advertido de que la prórroga de los presupuestos agravará la situación en 2025. "El Ejecutivo debe solucionar cuanto antes este grave problema para evitar que se comprometa la conectividad de Baleares, clave para su desarrollo económico y turístico", ha afirmado.
Además del impacto en las aerolíneas, las agencias de viajes también están sufriendo las consecuencias, ya que los retrasos en los pagos obstaculizan el cobro de los gastos de gestión de los billetes subvencionados.
La oferta de capacidad en las rutas entre Baleares y la península ha crecido un 12,85% respecto a 2019, alcanzando los 55 millones de asientos en 2024. Sin embargo, esta mejora en la conectividad se ve amenazada por la falta de liquidez de las aerolíneas debido a los impagos del Gobierno.
Las compañías aéreas exigen una solución inmediata que garantice el pago de las cantidades adeudadas y que en los futuros presupuestos del Estado se asignen partidas realistas y suficientes para evitar nuevos retrasos y problemas de financiación en el sector.
