El Govern de les Illes Balears ha elevado la presión sobre el Ejecutivo central y reclama medidas económicas específicas para hacer frente al impacto de la crisis en Oriente Medio sobre la economía balear. En una carta dirigida al ministro Ángel Víctor Torres, el Ejecutivo autonómico exige una respuesta adaptada a la realidad insular, especialmente ante el fuerte encarecimiento de los hidrocarburos.
La iniciativa llega después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Canarias para compensar los efectos económicos de la coyuntura internacional, un movimiento que el Govern considera que debe extenderse también a Baleares. Aunque reconoce las particularidades de las regiones ultraperiféricas, el Ejecutivo autonómico insiste en que la insularidad balear también supone un sobrecoste estructural que agrava cualquier crisis energética.
El Govern advierte de que la dependencia del transporte aéreo y marítimo encarece tanto las importaciones como las exportaciones, lo que repercute directamente en los costes empresariales y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, reclama una implicación “activa” del Estado para proteger el tejido productivo de las islas.
Como primera respuesta, el Ejecutivo balear ya ha aprobado el Decreto ley 1/2026, dotado con 160 millones de euros. Este paquete incluye líneas de financiación para pymes y autónomos, ayudas directas a sectores especialmente expuestos —como transporte, industria, comercio y sector primario—, así como medidas fiscales para amortiguar el impacto de la crisis.
Estas actuaciones, diseñadas en coordinación con agentes sociales, consells y ayuntamientos, buscan complementar las políticas estatales. Sin embargo, el Govern considera que las medidas impulsadas hasta ahora por el Estado son insuficientes ante la magnitud del impacto en Baleares.
En este contexto, el Ejecutivo autonómico plantea la creación de un espacio de trabajo conjunto con el Gobierno central para articular mecanismos de compensación específicos ligados a la insularidad.
Además, la carta remitida a Torres reabre otros frentes clave en la agenda económica balear, como la actualización del Régimen Especial de Baleares, las inversiones en infraestructuras —incluidos los convenios ferroviario y de carreteras—, el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda o la gestión de la presión migratoria y el refuerzo de efectivos de seguridad.
