Taxis-PIMEM ha denunciado un bloqueo casi absoluto por parte de los funcionarios del área de movilidad del Ayuntamiento de Palma provocando "una situación insostenible e inaceptable por parte del sector en su conjunto y, de manera más concreta, de los trabajadores afectados hasta el día de hoy que suman más de cien y por diferentes razones".
La asociación asegura que desde el mes de diciembre ninguna licencia que se ha traspasado ha sido admitida afectando y perjudicando al nuevo propietario.
Para su presidente, Biel Moragues, “las consecuencias de esta paralización tienen unos efectos muy concretos que van desde los problemas que puedan tener los trabajadores a la hora de poner sus propias financiaciones en marcha hasta verse privados de no poder cobrar el paro en un único pago. Estamos hablando que dicho bloqueo puede provocar que los expedientes caduquen y por lo tanto nos veamos inmersos en un gran problema con consecuencias económicas”. Y es que, en este sentido, Taxis-PIMEM, no descarta pedir indemnizaciones por los perjuicios que está ocasionando esta paralización.
Otra consecuencia que ha explicado la asociación de taxistas es que si el ayuntamiento no da las licencias provoca que los coches circulen durante cinco o seis meses indocumentados por lo que se exponen a duras sanciones que pueden llegar a los seis mil euros. Moragues ha recordado que la asociación ha pedido a movilidad que cuando se hace una operación de traspaso o cambio de coche se haga una emisión de documentos temporales como hace la Jefatura de Tráfico.
Por otra parte, Taxis-PIMEM asegura que sólo se ha tenido constancia sobre el número de aprobados en el examen de noviembre una semana antes de la prueba hecha el pasado mes de febrero. “Esto implica que ningún candidato que había aprobado el pasado mes de noviembre puede ser contratado porque no tenía el número de carnet de taxista” añade Moragues.
Finalmente, el presidente de la asociación ha reconocido que se han recibido disculpas por parte del concejal de Movilidad, pero que al mismo tiempo fue el propio Antoni Deudero quien le reconoció que “los documentos que entraban por registro se habrían nueve meses después y por esto calificamos la situación de muy grave”, añade Moragues.
