El Consell de Mallorca quiere acabar con la entrada descontrolada de vehículos y ha decidido hacerlo con una herramienta contundente: un régimen sancionador sin precedentes en Baleares que incluye multas de hasta 30.000 euros, inmovilización de vehículos durante meses y la retirada del permiso de circulación por dos años.
Así lo recoge el borrador de la futura Ley de regulación de la afluencia de vehículos en Mallorca, presentado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, a los portavoces de los grupos políticos. La norma, que aún debe debatirse en el Pleno y en el Parlament, busca limitar el número de coches que acceden a la isla y garantizar el cumplimiento mediante sanciones ejemplares.
El régimen sancionador se estructura en tres niveles. Por una parte están las infracciones leves: como circular sin autorización visible, conllevan multas de 300 a 1.000 euros. Después vienen las infracciones graves que incluyen falsear documentación o alquilar vehículos fuera del cupo permitido, con sanciones de 1.001 a 10.000 euros.
Finalmente habrá las infracciones muy graves como no comunicar matrículas de coches de alquiler al Consell, pueden llegar a los 30.000 euros, además de la inmovilización del vehículo hasta cuatro meses, la retirada de la autorización y la prohibición de obtener una nueva durante dos años.
Según explicó el conseller de Territori, Fernando Rubio, «el Consell tendrá capacidad para fijar el número exacto de vehículos que podrán entrar y permanecer en la isla. Quien se salte los límites, se enfrentará a consecuencias reales y proporcionales».
Un punto de inflexión en la gestión de la movilidad
Aunque la futura ley incluye otras medidas como un techo de vehículos de alquiler o una tasa disuasoria para coches procedentes del exterior, el régimen sancionador es, sin duda, el elemento más novedoso y contundente. Nunca antes se había planteado un sistema tan estricto para controlar el acceso motorizado a Mallorca.
El presidente Galmés defendió la propuesta como «una respuesta necesaria ante la saturación creciente de nuestras carreteras», subrayando que en 2023 entraron más de 400.000 vehículos por los puertos de la isla. «Mallorca no puede permitirse seguir aumentando su parque móvil sin control. Esta ley es una apuesta por el orden, la sostenibilidad y el sentido común», remarcó.
Una diferencia clave respecto a legislaciones similares en otras islas es que, en el caso de Mallorca, será el propio Consell quien gestione las autorizaciones y cobre la tasa, y no las navieras. Estas solo deberán verificar si el vehículo dispone de permiso antes del embarque.
El borrador aún debe pasar por el filtro parlamentario, pero si se aprueba, marcará un antes y un después en la regulación del tráfico en la isla. Con sanciones duras, límites claros y voluntad política, Mallorca lanza un mensaje rotundo: el acceso en coche estará condicionado al respeto por las nuevas normas.
