El recurso, firmado por 50 diputados del PSOE, Sumar-Més y Podemos en el Congreso, ha sido impulsado de manera conjunta por todas las formaciones progresistas y cuenta además con el respaldo de entidades vecinales, ecologistas y de la sociedad civil, entre ellas el GOB, la Obra Cultural Balear y el Fòrum de la Societat Civil.
Durante la presentación del recurso en Palma, el portavoz socialista y secretario general del PSIB en la capital, Iago Negueruela, subrayó que la norma del PP “vulnera el principio de igualdad” y supone “una reforma urbanística salvaje que beneficia a los promotores y especuladores a costa del interés general”.
Negueruela criticó que la ley permita a los promotores incorporar sus propios proyectos directamente al planeamiento urbanístico municipal, desplazando la capacidad de decisión de los ayuntamientos y consells insulars. “Con esta norma, los constructores hacen la ley y la sociedad pierde el control sobre la planificación de su territorio”, afirmó, advirtiendo además de la inseguridad jurídica que puede generar para los futuros desarrollos urbanísticos.
Por su parte, Margalida Ramis, en representación del GOB, denunció que el nuevo marco “constituye un ataque al territorio sin precedentes, aprobado con prisas, sin debate público y con el único fin de blindar intereses urbanísticos privados”.
El recurso sostiene que la ley impulsada por el Govern altera de forma radical la planificación urbanística de las Islas Baleares, otorgando ventajas injustificadas a propietarios y promotores, y relegando la capacidad de gestión pública.
Según los socialistas, la norma vulnera el principio de igualdad reconocido en la Constitución y el Estatut d’Autonomia, al priorizar el acceso de los propietarios de suelo a recursos básicos como el agua o las infraestructuras de saneamiento y energía, por delante del resto de la ciudadanía.
Además, se advierte que la ley deroga de forma tácita las normas urbanísticas municipales e insulares, erosionando competencias locales y eliminando límites establecidos durante décadas para evitar nuevas “barbaridades urbanísticas” como las del pasado.
Negueruela calificó la iniciativa del PP como “una nueva barbaridad urbanística que pasa por encima de barrios, pueblos y ayuntamientos, y que favorece únicamente a los especuladores privados”.
Las fuerzas progresistas coinciden en que la norma no resolverá el problema de acceso a la vivienda, sino que provocará mayor presión demográfica y encarecimiento del suelo y de los precios de la vivienda, sin mejorar las condiciones de acceso para la ciudadanía.
