La última Asamblea Anual de PROINBA, celebrada hace pocos días sirvió para tratar, diversos temas propios del funcionamiento de la Asociación, así como se repasaron las principales actuaciones del pasado 2020 y se debatieron los importantes retos a los que se enfrentará el sector en un escenario post-pandemia.
Una de las principales conclusiones de la Asamblea General fue la práctica imposibilidad de poner en el mercado vivienda digna a precio asequible, como consecuencia de la situación económica y regulatoria en Baleares. Esta es una cuestión de enorme calado que PROINBA lleva denunciando desde hace años.
El esfuerzo medio que un residente en Baleares debe hacer para adquirir una vivienda es términos de salario anual es prácticamente el doble que debe llevar a cabo un habitante de Madrid o Barcelona, ciudades donde los precios de los inmuebles son parecidos a los de Palma.
Hoy es necesario dedicar 16 años de salario a la adquisición de una vivienda en Baleares, y los precios de compra de vivienda se han incrementado un 4%, en medio de la pandemia y la crisis económica mundial más extendida de las últimas generaciones.
Es paradójico el hecho de haber entrado ya en una crisis de vivienda, pasando de la emergencia habitacional limitada a ciertos sectores o colectivos sociales a una imposibilidad generalizada para el ciudadano medio de Baleares de adquirir una vivienda.
A lo anterior, hay que añadir la adopción de políticas de desclasificación de suelo urbanizable, última esperanza para conseguir unos precios de repercusión de suelo que hagan viable una vivienda a precio asequible para residentes y la negativa del Govern Balear de llevar a cabo, políticas de colaboración público-privada que permitan la puesta en el mercado de vivienda pública en régimen de compra.
El enorme despliegue legal regulatorio llevado a cabo por las administraciones desde el mes de marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, ha dejado de lado cualquier regulación práctica, seria y útil relacionada con la crisis habitacional.
El Presidente Luis Martín destacó que la Asociación seguía colaborando con las Administraciones Públicas, en la medida en que era posible y que como nota positiva, este año vería la luz la segunda edición del Libro Blanco de la Edificación de Baleares, donde de nuevo se intentaría transmitir con un preciso análisis de datos y necesidades, la voz informativa del sector al completo, tendiendo la mano para poder colaborar de forma efectiva con el Govern Balear y los diferentes Ayuntamientos de las islas.
En otro orden de cosas, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palma fue motivo de muestras de preocupación e interés por los asociados, se desconoce su contenido, se ha retrasado su aprobación y no se ha recibido información concreta y comprensiva del alcance de sus modificaciones, lo que junto a la aplicación del nuevo sistema de planeamiento de la LUIB generan un cierta prevención e intranquilidad en el sector.
