El Govern de les Illes Balears y el grupo parlamentario VOX han cerrado un acuerdo clave para ampliar el alcance del Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), una herramienta diseñada para desbloquear suelo urbano y agilizar la construcción de vivienda asequible para residentes. Este pacto asegura su convalidación en el Parlament y su futura tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá introducir mejoras consensuadas.
Entre las novedades más destacadas, el acuerdo permitirá extender los PRE a todos los municipios del archipiélago con más de 10.000 habitantes, siempre que cuenten con el informe favorable del consell insular correspondiente. Además, se abre la posibilidad de incluir áreas de transición en municipios de más de 20.000 habitantes, si lo aprueba el pleno municipal y se cumplen condiciones urbanísticas como la conectividad o la disponibilidad de suelo.
El Decreto establece que al menos el 50% de las viviendas construidas en estos proyectos deberán estar sometidas a algún régimen de protección —ya sea de precio limitado o pública—, y que un 15% del aprovechamiento urbanístico deberá cederse a los ayuntamientos para desarrollar vivienda pública. Si el desarrollo afecta a zonas de transición, se incrementarán las reservas para vivienda protegida.
Otra novedad destacada es la reserva de parte del parque público resultante para acoger a funcionarios desplazados, como sanitarios, docentes, cuerpos de seguridad o personal judicial, con el fin de atender una demanda creciente de este perfil profesional en las islas.
Por otro lado, el Govern y VOX han acordado introducir durante la tramitación parlamentaria medidas que limitarán el acceso a ayudas y vivienda protegida a personas condenadas por delitos de okupación. También se prevén compensaciones económicas para los afectados por este tipo de ocupaciones ilegales.
Este movimiento político se enmarca en el esfuerzo por movilizar suelo disponible y fomentar la vivienda asequible para residentes, una de las principales urgencias sociales y económicas que enfrenta Balears, especialmente en zonas de alta presión inmobiliaria como Palma o Calvià.
