El pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, tras un debate en el que el Gobierno ha defendido que esta ley supone el quinto pilar del Estado del bienestar y un avance social sin precedentes.
La ley, pactada por el Ejecutivo con ERC y Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención, correspondientes al apoyo de PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, la abstención del BNG y el voto en contra del PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, CC, UPN y el PNV, que ha cambiado su voto a última hora y ha abierto la puerta a un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
El texto, que según los partidos de la derecha solo beneficia a los 'okupas', pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
Durante el debate, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido que esta ley supone el quinto pilar del Estado del bienestar y ha confiado en que sea un "punto de no retorno", mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dicho que significa un "avance social sin precedentes" y que con ella "pierden la banca y los buitres".
La diputada de ERC Pilar Vallugera ha acusado a los partidos soberanistas que han votado en contra de poner como "excusa" la invasión competencial" cuando, a su juicio, realmente se oponen "porque son de derechas".
También ha apuntado que los inquilinos a los que esta ley protege de los desahucios "no son okupas, sino vecinos que pasan por un mal momento".
El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha considerado la ley vivienda un "paso corto pero necesario, porque la alternativa es la desregulación del mercado y que los grandes propietarios campen por sus anchas", y se ha mostrado convencido de que el texto "garantiza las compencias de las comunidades" porque "no es centralizador, sino habilitante".
Íñigo Barandiarán (PNV) ha sostenido, en cambio, que la ley es un "ejemplo paradigmático de recentralización" que se "extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas", al igual que Ferran Bel (PDeCAT), para quien el texto trata la vivienda "como si fuera una competencia compartida con el Estado".
Mariona Illamola (Junts) ha sostenido igualmente que existe invasión competencial y ha opinado además que la "contención de rentas puede ser una "medida adecuada en una situación de emergencia, pero no puede ser una solución estructural".
La portavoz del PP, María Zurita, ha asegurado que la ley ·"hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios" y que "solo favorece a los okupas y sirve para crear inseguridad jurídica".
Tras considerar que esta ley "no convence a nadie", que es un "robo a mano armada" y una "moneda de cambio para tener a bien a ERC y Bildu", ha pronsticado que con ella los "precios pueden subir hasta un 25 %, como ha ocurrido en Barcelona".
En nombre de VOX, Iván Espinosa de los Monteros ha aseverado que esta ley "solo sirve para salvar la coalición Frankestein en momento de debilidad del gobierno".y ha calificado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de "pagafantas".
A su juicio ha considerado que sus consecuencias serán: desplome de la oferta, precios de alquiler disparados, consolidación del mercado negro, amparo de la okupación, deterioro de la seguridad jurídica, penalización de la inversión y condena de las clases medias a no poder acceder a una vivienda.
En la misma línea, la diputada de Cs Inés Arrimadas ha acusado al Gobierno de estar "legalizando el derecho a okupar" y ha sostenido que esta ley "va a generar más tranquilidad a los ocupas, más miedo a los propietarios y más frustración a los jóvenes".
"Los okupas van a coger esta ley como ganzúa para meterse en más pisos y, aunque sean de grandes propietarios y bancos, a los vecinos de esos pisos sí les preocupa", ha planteado.
