El debate sobre la regulación del precio del alquiler vuelve al primer plano en Baleares tras conocerse el balance del primer año de aplicación del tope de precios en Cataluña.
Mientras el Govern balear, liderado por Marga Prohens, mantiene su oposición frontal a esta medida por sus efectos distorsionadores sobre el mercado, desde el PSIB-PSOE, con Francina Armengol al frente, se continúa defendiendo la implantación del índice de precios como vía para contener los alquileres en las Islas.
Cataluña, pionera en aplicar la limitación de precios en zonas tensionadas como Barcelona, presenta unos resultados oficiales que muestran una ligera bajada de los precios del 0,9% interanual en las áreas reguladas, alcanzando los 877,92 euros de media. En contraste, las zonas sin regulación experimentaron un incremento del 6,1%, con una media de 603,83 euros. El conjunto de Cataluña reflejó un descenso del 1,1%.
Sin embargo, los expertos del sector inmobiliario alertan de una realidad mucho más preocupante. “La oferta ha desaparecido un 40% en el último año. La inversión en alquiler está paralizada y la situación es cada vez más complicada para quienes buscan una vivienda habitual”, explica Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario y director general de ACV Gestión Inmobiliaria.
Estos efectos colaterales del tope al alquiler, como la huida de inversores, la parálisis del mercado de rehabilitación y el envejecimiento del parque de viviendas, han sido argumentos recurrentes del actual ejecutivo balear para justificar su negativa a seguir la senda catalana. De hecho, el Govern ha apostado por otras fórmulas para incentivar la oferta, como bonificaciones fiscales a propietarios que alquilen a precios asequibles y la cesión de suelo para vivienda protegida.
Desde el PSIB, sin embargo, siguen insistiendo en la necesidad de aplicar un control sobre los precios del alquiler como medida estructural para frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda. Una postura que Armengol ha defendido reiteradamente, incluso cuando presidía el Ejecutivo autonómico.
Los datos que llegan desde Cataluña alimentan el argumento de quienes, en Baleares, advierten que topar los precios podría resultar contraproducente en una comunidad con una presión turística y residencial tan alta. “Las personas con menos recursos son las más perjudicadas porque hay menos viviendas disponibles y los precios han seguido subiendo. Desde hace cinco años, la oferta ha caído un 84% y los precios han aumentado un 30%”, subraya Unsain.
Asimismo, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha registrado en 2024 un descenso del 13,6% en los proyectos de rehabilitación, señal inequívoca –según el propio sector– de que la intervención estatal desincentiva la inversión en mejora de viviendas, afectando directamente a la calidad del parque inmobiliario.
Con este panorama sobre la mesa, el caso catalán se ha convertido en un ejemplo que Baleares observa con atención. Mientras la pugna política entre el Govern y el PSIB se acentúa, el dilema entre controlar precios o fomentar la oferta sigue marcando el rumbo de la política de vivienda en las Islas.
