Dos años después de que entrara en vigor la obligación de contar con un plan de igualdad para todas las empresas con más de 50 empleados, alrededor de un 40% sigue sin tener uno.
De los 3,2 millones de empresas existentes en España, unas 25.200 están obligadas a tener un plan de igualdad y, hasta mediados de febrero de este año, figuran registrados unos 15.000 planes acordados, lo que supone el 60 % de los que debería haber, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y del REGCON facilitados por UGT.
El resto de empresas, más de 3,1 millones, tienen menos de 50 empleados, por lo que no están obligadas a contar con uno, aunque sí a acordar medidas de igualdad y protocolos contra el acoso sexual.
"Hay un incumplimiento flagrante", denuncia la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.
"Las negociaciones son lentas aunque es verdad que en el último año se ha acelerado (...) Hace falta un compromiso real de todas las partes", coincide la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal.
CCOO eleva al 60% el porcentaje de empresas que sigue sin cumplir con la obligación, tomando como referencia los datos del REGCON de cierre de 2023.
Ambos sindicatos han situado este punto como una de las claves de su manifiesto conjunto de cara al 8M, "exigiendo el cumplimiento de la negociación de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación, y aprovechando la potencialidad de la negociación colectiva como correctora de desigualdades".
Tras esta petición, están esas brechas de cumplimiento en las que los sindicatos ven varios motivos. Para empezar, que las empresas terminen de "creerse" esos planes, que requieren un importante trabajo de análisis de datos (salarios, evaluación de puestos de trabajo) para que no sean meros documentos "cosméticos" e incluyan medidas efectivas.
Junto a esto, ambas representantes sindicales señalan a la falta de recursos de la Inspección de Trabajo y también de medios suficientes a los agentes sociales para poder negociar bien estos planes.
"Hace falta más implicación y que se crean que esta herramienta sirve", incide Antoñanzas.
"Necesitamos medidas reales para atajar las discriminaciones", reclama Vidal.
El 8 de marzo de 2019 entró en vigor el decreto ley con medidas para garantizar la igualdad laboral, norma que fue posteriormente desarrollada en un reglamento en 2020, que establecía la obligación para las empresas de contar con un plan de igualdad.
El decreto estableció un plazo de un año para que las empresas de más de 150 trabajadores elaborara y aplicara un plan de igualdad (2020), de dos años para las de entre 100 y 150 empleados (2021) y de tres años para las de entre 50 y 100 (2022).
No contar con estos planes supone una infracción grave con hasta 6.251 euros de sanción aunque puede llegar hasta los 187.515 euros si se tipifica como muy grave, según la normativa vigente, además de acarrear otras penalizaciones como la pérdida de ayudas o bonificaciones de la Administración.
Esfuerzo negociador para los sindicatos
Desde entonces y de esto harán dos años el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un plan de igualdad negociado con la representación legal de los trabajadores y registrado públicamente.
Aquellas empresas que no cuenten con representación legal de los trabajadores, deberán negociar el plan de igualdad con los sindicatos más representativos o los más representativos del sector al que pertenezca y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.
De hecho, el Tribunal Supremo desestimó hace dos años un recurso de la CEOE en el que pedía que se permitiera a las empresas que no contaran con representación sindical constituir las denominadas "comisiones ad hoc" con un grupo de trabajadores de la plantilla para negociar los planes de igualdad.
Para la patronal, la forma de articular la negociación recogida en la norma implicaba un "incumplimiento del deber de negociar" cuando "sindicatos sin vínculo con los trabajadores de las empresas sean llamados masiva y simultáneamente y no sean capaces de atender a las miles de mesas de negociación".
El Alto Tribunal desestimó este recurso dejando claro que las empresas deben contar con los sindicatos mayoritarios para negociar estos planes de igualdad, tal y como establece la norma.
Los sindicatos valoraron este fallo, si bien reconocen la carga extra de trabajo que supone negociar todos estos planes de igualdad.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuantificó recientemente en 15 millones de euros el coste que le ha supuesto al sindicato hacer frente a la negociación de estos planes, al tiempo que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado muchas veces recursos a las administraciones para poder afrontar esta labor.
