Rezan los #AcordsPelCanvi que una de las propuestas para contribuir a ese cambio de modelo económico siempre proclamado pero nunca concretado, ha de ser un impuesto que contribuya tanto a compensar los desequilibrios medioambientales y sociales que genera la actividad turística, como a cambiar el actual modelo hacia un paradigma de sostenibilidad.
Ahí es donde aparece el impuesto de turismo sostenible, irremediablemente bautizado y rebautizado como "ecotasa", aunque no sea strictu sensu una herramienta de fiscalidad ambiental.
La idea es: debe servir para cuidar nuestro medio de vida, pero también para cambiar nuestro modelo económico persiguiendo la sostenibilidad.
Y esta es una palabra en la que podemos hacernos trampas si no aclaramos qué queremos decir con ella, sobre todo después de que las multinacionales más depredadoras de recursos naturales sean las que más recurran al llamado "marketing verde".
No se trata de una cuestión de marketing, sino de respetar el sentido originario del término "sostenibilidad", esto es: que sirva para conseguir un equilibrio entre economía, ecología y sociedad. Porque nuestro punto de partida en esta tierra son unos desequilibrios tan brutales que implican la inmoral convivencia entre:
- récords de millones de turistas que nos visitan y de beneficios empresariales
- récords de pobreza, precariedad y desigualdades sociales
- récords de superación de indicadores ambientales como la huella ecológica, u otros considerados por la mismísima Organización Mundial de Turismo (OMT), como la capacidad de carga, superada ampliamente en los meses centrales de la temporada turística.
El impuesto de turismo sostenible está pensado para que lo paguen todos los turistas (como pasa en decenas de otros destinos turísticos, competidores y no competidores con nuestras islas), y es cierto que sería más garantista si lo pudiésemos cobrar en puertos y aeropuertos, cosa a la que el Estado se niega, por lo menos quien todavía gobierna en funciones en Madrid, por tanto no hay que descartarlo en el futuro.
Lo recaudado iría a un fondo del impuesto y una comisión en la que participarán las principales instituciones públicas, los agentes sociales y económicos y representantes de la sociedad civil decidirá qué proyectos y qué prioridad es mejor en cada momento en esa búsqueda del equilibrio necesario.
Existen además herramientas objetivas como los indicadores de sostenibilidad del turismo, que han de servirnos para poder valorar todos y cada uno de los proyectos que se presenten.
Esta es la filosofía y la letra del impuesto, por más que Podemos haya querido marcar la diferencia con los socios en el gobierno utilizando el medio ambiente como coartada para forzar una fórmula de reparto de recursos entre islas contradictoria con una visión comunitaria de las políticas a desarrollar e incluso contradictoria también con las propuestas de financiación de los propios Consells insulares en los que Podemos, ahí sí, gobierna.
Ahora viene el trámite parlamentario y el debate de enmiendas, en las que todos los grupos políticos, los que apoyan al gobierno y los de la oposición, han asumido de alguna manera que no podemos renunciar como sociedad a una herramienta que por ella sola no va a arreglar todos los problemas que tenemos, pero que ha de servir para ir avanzando hacia unas islas más dignas, con un mejor turismo respetuoso con la gente y con la tierra.
Por eso no podemos volver a repetir escenas de confusión como la de hace unos días y permitir que quienes sonrían sean los Escarrer, Barceló, Fluxá o Matutes, los de siempre. Se puede, y se debe.
