La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y la patronal del pequeño y mediano comercio de Mallorca (Pimeco) apoyan la decisión del Govern de mantener las 90.000 plazas turísticas de alquiler vacacional reguladas, que recoge el reciente decreto aprobado por el ejecutivo autonómico.
Las dos entidades han detallado en una nota que supone dar un paso como un ejercicio de responsabilidad política. "El alquiler vacacional permite una redistribución de lo que aporta el turismo a nuestra economía, por lo tanto, lo vemos con buenos ojos", han explicado las organizaciones.
"El decreto marca un antes y un después. Pone límites, exige cumplimiento, pero también lanza un mensaje de respeto hacia quienes forman parte del tejido económico local. Detrás de cada plaza vacacional legal hay una historia, una familia, un esfuerzo", ha dicho el presidente de Pimem, Jordi Mora.
Por su parte, desde Pimeco han subrayado el papel "fundamental" del turismo vacacional en la vida de los pueblos de Mallorca, donde este tipo de alojamiento "no solo no genera saturación, sino que activa la economía local de forma directa".
La presidenta de esta entidad, Carolina Domingo, ha insistido en que este modelo favorece una distribución más equitativa del gasto turístico y alivia la presión de las zonas más saturadas, diversificando el destino y fortaleciendo el comercio de proximidad.
Las patronales han coincidido en que el turismo del futuro no puede definirse solo desde la óptica de los grandes grupos porque "necesita ser más justo, más plural, más sensible con quienes viven aquí"
