El PSIB-PSOE ha denunciado este lunes que los nuevos decretos de vivienda y turismo aprobados por el Govern balear no solo no resuelven el principal problema de la ciudadanía —la falta de vivienda a precios asequibles—, sino que agravan otros como la escasez de agua, la saturación de infraestructuras y la presión sobre el territorio.
La diputada socialista Càrol Marquès ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de incumplir su promesa de aumentar el canon del agua para grandes consumidores, renunciando a una herramienta clave para limitar el impacto de la actividad turística sobre los recursos hídricos. Marquès ha alertado de que, con estas medidas, se provocarán más cortes de suministro y restricciones para los hogares, mientras que el consumo turístico quedará intacto. "El PP gobierna para los poderosos, no para los consumidores domésticos", ha afirmado.
Por su parte, el diputado Àlex Pitaluga ha criticado que el Govern no haya tocado el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), pese a haber prometido su incremento en el último debate de política general. Según Pitaluga, este impuesto podría haberse utilizado para mitigar los efectos negativos del turismo, como la falta de vivienda, pero se ha preferido "perder la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía" y apostar por medidas que favorecen la especulación.
Desde el PSIB también se denuncia que el nuevo decreto elimina carriles VAO, aumenta la capacidad de las carreteras y no refuerza el transporte público, lo que, según la diputada Pilar Carbonero, incrementará la saturación y el colapso en la movilidad. "Cuando falten agua, transporte y servicios, la ciudadanía pagará las consecuencias, mientras los promotores ya habrán vendido a precios elevados", ha advertido.
El diputado Damià Borràs ha ido más allá y ha acusado al PP de permitir "pelotazos urbanísticos" sin tener en cuenta los límites establecidos por los planes generales en cuanto a capacidad hídrica, sanitarias o educativas, calificando la política urbanística del Govern como una “barra libre” para los especuladores.
Carles Bona, por su parte, ha recordado que el anterior Govern había iniciado un proceso para recuperar 145.000 plazas turísticas y devolverlas al mercado residencial, con lo que se logró reducir la presión humana entre 2016 y 2023. Sin embargo, solo en un año de gestión del PP, esa presión ha vuelto a aumentar en 30.000 personas —el equivalente a la población de Inca—. Bona ha acusado al Govern de Prohens de fomentar la “recolonización turística del parque residencial”, y ha advertido que la activación de miles de plazas turísticas “dormidas” provocará tensiones en barrios, pueblos y hogares.
La diputada Pilar Costa ha calificado el decreto como “el decreto de la vergüenza” por haber “resucitado” las 145.000 plazas turísticas que iban a caducar en 2026 con la moratoria. "Mientras nosotros defendemos turistas en hoteles y residentes en viviendas, el PP quiere turistas en casas y residentes en la calle", ha resumido.
Finalmente, Mercedes Garrido ha denunciado que el Govern miente al asegurar que las nuevas promociones irán destinadas a rentas medias. Según ha afirmado, el PP ha abandonado la vivienda protegida (HPO) en favor de la vivienda a precio libre, lo que provocará un encarecimiento del 30% y supondrá un sobrecoste de hasta 700 millones de euros en Palma. "Los nuevos pisos no bajarán de los 300.000 euros y estarán fuera del alcance de la mayoría", ha advertido.
Desde el PSIB concluyen que las decisiones del PP suponen una clara apuesta por el beneficio inmediato de unos pocos promotores, a costa del bienestar y el futuro de la mayoría social de las islas.
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