El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado los buenos niveles de ocupación hotelera en un verano marcado también por la subida de precios de las habitaciones y la escasez de incidencias destacadas, y porque todavía a estas alturas mantiene abiertos una gran cantidad de establecimientos hoteleros.
En su balance de la temporada, la teniente de alcalde de Turismo, Elisa Monserrat, ha subrayado el buen comportamiento de los precios de alojamiento, en un contexto de fuerte competencia entre los diversos destinos, ha informado el consistorio.
El alcalde Amengual ha puesto el acento no solo en el balance económico que deja estos meses, sino también en la escasez de incidentes destacables, tras un verano que se salda con "balconing cero" porque "no se ha producido ninguna víctima mortal por precipitación desde hoteles y apartamentos de Calvià".
A ello ha contribuido, según el alcalde, la estrecha colaboración con el sector hotelero, y también el apoyo prestado a la campaña de concienciación que realiza el Reino Unido para evitar que los turistas se separen de sus amigos durante las noches de fiesta.
Respecto al área de Seguridad Ciudadana, la teniente de alcalde, Esperanza Catalá, ha destacado la puesta en marcha de la figura del agente de paisano, que ha aumentado en un 40 % el número de detenciones y actas levantadas.
La Jefa de Policía Local, Esther Ribas, ha detallado que, del 1 de junio al 24 de septiembre de este año, se han levantado en el municipio 10.348 actas, que representan un 28,2 % más que el mismo periodo del verano pasado.
Los datos revelan un "efecto disuasorio" en las relacionadas con el incumplimiento del Decreto-Ley contra el turismo de excesos, porque en 2022 se levantaron 27 actas y este verano han sido 15. Se ha actuado contra las "party boats" ilegales, la venta de alcohol fuera del horario permitido y el "balconing".
Las sanciones por "balconing" ascienden a 36.000 euros por persona y expulsión del establecimiento; las "party boat" de hasta 160.000 euros y la venta de alcohol fuera del horario establecido en las zonas delimitadas —entre las 21:30 y las 8:00 horas— puede alcanzar los 100.000 euros y conlleva el cierre cautelar del establecimiento, ha recordado el consistorio.
Las actas en este periodo por contravenir ordenanzas municipales y la Ley Orgánica 4/2015 suman 2.616. Las relacionadas con el tráfico municipal han sido 7.163 y se han remitido a la DGT 544.
En cuanto a las detenciones, se han practicado 244 —del 1 de julio al 24 de septiembre—, un 40,2 % más.
En el caso de los mayores de edad, 110 fueron detenidos en 2021, 275 en 2022 y ya 325 en 2023. Sólo en julio y agosto, hubo 41 detenidos en 2021, 94 en 2022 y 161 en 2023, con un aumento del 71,2 % este año respecto al pasado.
En cuanto a los menores de edad, han sido detenidos 13 en lo que va de año, un 18,2 % más.
El total de diligencias penales asciende a 634 hasta el 24 de septiembre, frente a las 826 de todo 2022. Han aumentado las diligencias de orden público —de 46 se pasa a 99— y contra la salud pública (tráfico de drogas) —de 39 a 102—. Descienden las diligencias por atentado contra la propiedad (robos y hurtos), que pasan de 108 a 64.
En el año 2022, hubo 62 intervenciones por delitos de atentado, resistencia o desobediencia a los agentes. En lo que va de 2023 se han registrado 64.
Del total de intervenciones policiales este año, ha habido 5.178 relacionadas con el tráfico, 868 por incumplimiento de ordenanzas y legislación supramunicipal y 1.889 relativas a la seguridad ciudadana.
Las llamadas ciudadanas al 092 van en aumento, con un total de 36.634 en lo que va de año, a falta de tres meses, cuando en todo 2022 fueron 41.818.
Los requerimientos se clasifican en función de su prioridad. Han sido de prioridad alta 4.287 (con atención policial en menos de 10 minutos), referidos a altercados y peleas, agresiones, incendios, emergencias médicas, desaparición de personas, robos, hurtos, amenazas de suicidio y rescates.
Se considera baja —13.621 en 2023— aquella concerniente a citaciones, regulación del tráfico en colegios, objetos hallados, traslado de detenidos o colaboración con otros organismos, entre otras. La prioridad media —18.726— es para conflictos privados, accidentes de tráfico, vigilancia de playas, denuncias medioambientales, incumplimiento de ordenanzas municipales y molestias por obras y problemas de convivencia.EFE
