El sector agrario balear ha convocado una tractorada el lunes 19 de este mes en la que se prevé que participen algo más de un centenar de tractores y otros vehículos pesados y cuyo objetivo es reivindicar "justicia" para el campo y sus profesionales.
Los tractores partirán de diferentes puntos de la Part Forana para ir llegar juntos a la sede en Palma de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, en el centro de la ciudad.
Además, el jueves día 15 una decena de tractores se desplazarán hasta la Conselleria de Agricultura en la capital balear para reunirse con el conseller y los portavoces de los grupos políticos del Parlament para explicarles su situación.
Los representantes de las organizaciones profesionales agrarias UPA-AIA Illes Balears, Unió de Pagesos de Mallorca, Cooperativas Agroalimentarias y ASAJA-BALEARS han detallado este jueves su calendario de movilizaciones ante la "inacción" de las instituciones públicas.
Estas movilizaciones públicas pretenden hacer más visibles sus reclamaciones y, para ello, se han solicitado los respectivos permisos para llevarlas a término.
Por parte de estas entidades, Joana Mascaró, Jerònia Bonafé, Sebastià Ordines y Joan Company han explicado este jueves sus demandas.
A nivel europeo y nacional critican que la burocracia es "excesiva", por lo que como solución proponen una disminución y flexibilización de las normativas que debe cumplir el sector, que son "difíciles de asumir en el período impuesto por la administración".
Los procesos administrativos deberían ser más ágiles, simplificados y con menos burocracia. La administración electrónica "también debe avanzar" hacia la simplicidad para ser realmente "democratizadora".
Los agricultores exigen una moratoria de la implementación del cuaderno de campo digital y también de la factura electrónica.
Para el sector es innegociable que los productos importados de terceros países cumplan con las normativas internas de la UE: "Europa no puede ser un mercado regulado para su producción, pero totalmente desregulado para lo que entra de fuera".
Además, los efectos del cambio climático y la sequía en los últimos años también están haciendo disminuir la capacidad productiva del campo mallorquín.
Estas asociaciones piden una flexibilización y simplificación de la PAC (Política Agraria Común), y una política de seguros agrarios que haga frente a los nuevos retos.
Por lo que se refiere a la administración autonómica, los agricultores piden que se "más eficaz y eficiente", que "legisle mirando al sector agrario y, para ello, que esté dotada de recursos".
En este contexto, los retrasos en la resolución de expedientes del FOGAIBA y en los pagos son solo algunos de los prejuicios que sufre el campesinado.
Por ello proponen que, una vez cerradas las solicitudes, las resoluciones se publiquen a los 3 meses como máximo y se paguen las correspondientes subvenciones.
Por otra parte, la introducción de productos de fuera de las Islas Baleares, producidos por debajo de los costes de producción, "perjudica a los productores de aquí".
Por ello, se deben explorar medidas para corregir esta situación y potenciar el producto local, tanto a nivel de la gran distribución como a nivel turístico.
Finalmente, también plantean que se contemple "plenamente" el hecho de la insularidad balear y, en este sentido, que se otorgue un estatus propio como ya tiene Grecia porque "la insularidad produce sobrecostes que no tienen nuestros competidores más cercanos del continente".
