Los principales partidos políticos de Mallorca, con la única excepción del PSOE, han cerrado filas para reclamar al Gobierno central un nuevo convenio de carreteras que permita invertir hasta 350 millones de euros en la red viaria de la isla. La iniciativa, impulsada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será debatida en el pleno del próximo jueves y pretende trasladar la presión política a todas las instituciones: Congreso, Senado, Parlament balear y ayuntamientos.
El acuerdo reúne a PP, Més per Mallorca, El Pi y Vox, que han firmado una moción conjunta con la que buscan forzar al Ministerio de Transportes a negociar un nuevo marco de financiación tras la liquidación del anterior convenio en 2021. La reclamación incluye los 230 millones de euros que, según el Consell, quedaron pendientes de abonar por parte del Estado, una cifra que, con la actualización de proyectos y costes, se eleva actualmente a unos 350 millones.
La iniciativa supone un frente político transversal poco habitual en la política mallorquina, ya que reúne a partidos de todo el arco ideológico insular frente al Gobierno central, actualmente en manos del PSOE.
Galmés agradeció a las formaciones que apoyan la moción que hayan decidido situar “los intereses de los ciudadanos de Mallorca por encima de las rivalidades políticas” y defendió que la isla debe recibir un trato equivalente al que el Estado concede a otros territorios insulares.
El presidente del Consell puso como ejemplo el convenio de carreteras firmado recientemente entre el Gobierno y Canarias, que prevé aportaciones estatales de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta 2030 para infraestructuras viarias del archipiélago.
“Mallorca no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Solo queremos un trato justo en materia de financiación”, afirmó Galmés, quien sostiene que el Estado mantiene pendiente una parte sustancial de las inversiones comprometidas en el anterior acuerdo.
La estrategia acordada pasa por trasladar la moción a todas las instituciones. Diputados y senadores de Baleares presentarán iniciativas paralelas en Madrid, mientras que los grupos políticos promoverán textos similares en el Parlament balear y en los ayuntamientos de la isla para reforzar la presión política sobre el Ejecutivo central.
En la reunión celebrada en el Consell participaron, entre otros, los diputados y senadores del PP José Vicente Marí, Martí Àngel Torres, Joan Mesquida, Maria Salom, Carlos Simarro y Cristóbal Marqués, junto al senador de Més Vicenç Vidal y el diputado de Vox Jorge Campos. También firmaron la iniciativa los portavoces insulares Catalina Inés Perelló (Més), Antoni Sales (El Pi), Antonio Gili (Vox) y Núria Riera (PP).
Inversiones previstas
El nuevo convenio que reclama el Consell debería financiar una batería de actuaciones en la red viaria insular, entre ellas variantes en Inca, Artà o Campanet, mejoras en varias carreteras comarcales, nuevas pasarelas peatonales en las autopistas de acceso a Palma, o un plan de aparcamientos disuasorios y viales cívicos.
Según el Consell, el objetivo no es impulsar grandes nuevas autopistas, sino modernizar infraestructuras existentes, mejorar la seguridad y aumentar la fluidez del tráfico sin aumentar el consumo de territorio.
El convenio de carreteras entre el Estado y el Consell se firmó originalmente en 2007 y fue liquidado parcialmente en diciembre de 2021, cuando se certificaron las obras ejecutadas hasta octubre de 2020. Desde entonces, el Consell sostiene que quedaron 228,5 millones sin pagar.
En 2023 el Gobierno central descartó negociar nuevos convenios con los consells insulares, argumentando que estas inversiones debían financiarse con el factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares (REB).
El Consell rechaza esa interpretación y sostiene que ese fondo debe servir para nuevas inversiones del Estado en las islas, no para cubrir compromisos pendientes del antiguo convenio. De momento, el Govern balear ha transferido 30 millones de euros procedentes del fondo de insularidad al Consell de Mallorca para proyectos viarios, una cantidad que la institución insular considera insuficiente frente al volumen de actuaciones previstas.
