El Partido Popular de Palma ha regresado a la avenida San Fernando para hablar con los vecinos y explicarles las medidas contra la okupación que la formación pondrá en marcha a partir de mayo de 2023. Cabe recordar que la zona es noticia en los medios desde hace semanas por la antigua sucursal bancaria okupada. En este sentido, el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha aseverado que la propiedad privada se defiende y que la okupación es un acto delictivo que debe ser perseguido.
Tras una primera visita a San Fernando, el Partido Popular ha instalado una carpa informativa en la avenida para desgranar las medidas contra la okupación que la formación aplicará a partir de mayo de 2023.
En aquella primera toma de contacto, la presidente del PP de Baleares, Marga Prohens, y el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, escucharon y tomaron nota de las quejas de los vecinos que sufren a diario los problemas que ocasionan los okupas de la antigua sucursal bancaria. Este miércoles, el PP, junto con Prohens y Martínez, ha vuelto a San Fernando con su plan contra la okupación en la mano para dar a los vecinos las soluciones que reclaman.
“Debemos acabar con la impunidad de los actos delictivos. Palma es la quinta ciudad más insegura de España, según cifras del Ministerio del Interior que está en manos del PSOE. Actuaremos contra la okupación, porque se ha convertido en un serio problema de seguridad para Palma y los palmesanos, pero también para toda España. Por eso, el Partido Popular ha preparado una batería de medidas que pondremos en marcha a partir de mayo de 2023. Porque la propiedad privada se defiende, mientras que la okupación debe perseguirse como el delito que es. No se podemos seguir mirando hacia otro lado con la okupación”, ha explicado Martínez.
El plan elaborado por el PP de Balears contempla la recuperación de la vivienda en 24 horas, a través de un protocolo de intervención rápida coordinado entre administraciones; no se cobrará al propietario impuestos, tasas o suministros mientras tenga la vivienda okupada; en este sentido, la revolución fiscal del Partido Popular de Palma detalla que no se cobrará el IBI a los propietarios de viviendas okupadas; se excluirá a los okupas de poder recibir ayudas o acceder a viviendas de alquiler social, puesto que la okupación se incluirá en la Ley de Vivienda como infracción grave; se creará una oficina de Defensa de la Propiedad Privada.
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