Un total de 50 diputados de PSIB-PSOE, Podemos y Sumar Més han presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de simplificación administrativa aprobada por el Govern de Marga Prohens. La norma, conocida como "ley ómnibus", es considerada por los recurrentes como una "amnistía urbanística" que permite la legalización de construcciones ilegales y el uso turístico en suelo rústico.
El recurso ha sido impulsado por diversas entidades sociales y ecologistas de Baleares, como GOB Mallorca, GOB Menorca, Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Obra Cultural Balear, la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Palma, Col·lectiu Alternatives, así como los sindicatos CCOO y STEI. Todas estas organizaciones han mostrado su rechazo a una normativa que consideran un "grave ataque" contra el territorio y el medio ambiente.
Argumentos del recurso
Según los denunciantes, la ley vulnera principios constitucionales en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, permite la aplicación del "silencio positivo" en cuestiones clave como la autorización ambiental integrada, las licencias de obra y la legalización de edificaciones ilegales en suelo rústico. Los recurrentes sostienen que el silencio administrativo no puede generar derechos en materias medioambientales.
En segundo lugar, el recurso argumenta que la norma busca legalizar edificaciones y usos turísticos en suelo rústico, lo que contraviene la legislación vigente, que solo permite construcciones en estos terrenos para fines agrícolas.
Las fuerzas políticas de izquierda y los colectivos ecologistas consideran que existen suficientes precedentes jurídicos para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta ley y revierta lo que califican como una "agresión ambiental sin precedentes" en Baleares.
